perspectivas N°5-2018 fesamericacentral.org La economía de la política fiscal en Costa Rica: una propuesta de progresividad del sistema tributario Fernando Rodríguez Garro Octubre 2018 Las reformas tributarias no son procesos sencillos de cambio, no son simples modificaciones de reglas legales, son cambios en la estructura de financiamiento del Estado y en el pacto social. Debemos entender que diversos factores intervienen en el proceso, facilitándolo u obstaculizándolo, pero sobre todo comprender que las reformas tributarias implican diferencias y terminan siendo resultado de la estructuración del poder político y económico. No podemos dejar de pensar en la política fiscal como un instrumento que venga a mejorar la distribución del ingreso y la riqueza en el país. Eso, sin duda alguna, solo puede lograrse optimizando los resultados de la política fiscal y la progresividad del sistema tributario en su conjunto. Un país con una carga tributaria baja, insuficiente para atender las necesidades fundamentales de su población, con impuestos indirectos en su mayoría, no puede aspirar a que su sistema tributario sea un instrumento de desarrollo y de equidad. Muchas reformas deberán realizarse para lograr el objetivo de progresividad, algunas podrán parecer contradictorias, pero no habrá una política fiscal progresiva sin recursos suficientes.

La economía de la política fiscal en Costa Rica/ Fernando Rodríguez Garro 2

Fernando rodríguez Garro/ La ecONOmía de La pOLítica FiscaL eN cOsta rica índice La economía política de la fiscalidad en Costa Rica................................................4 La influencia de los grupos en la política fiscal nacional........................................5 Propuesta para un sistema tributario progresivo.....................................................6 La recaudación de renta y la progresividad del sistema en su conjunto...............7 Reformas en el impuesto de renta a las personas físicas........................................8 Reformas en el impuesto de renta: el caso de las rentas pasivas del capital........8 Reformas en el impuesto de renta a las personas jurídicas....................................8 Reformas en el impuesto al valor agregado(IVA).....................................................9 El control y la administración tributaria.....................................................................9 3

La economía de la política fiscal en Costa Rica/ Fernando Rodríguez Garro La economía política de la fiscalidad en Costa Rica La recaudación tributaria es conflictiva, pues contrapone los intereses de las personas que aportan al fisco con el pago de impuestos y de aquellas que se benefician de la gestión pública, actores que no siempre coinciden en ambos casos, en la medida que se pretenda que el sistema tributario sea más equitativo. Si en esa contraposición de intereses se incluye el factor del poder político, la política fiscal terminará por decantarse hacia uno de estos grupos, de modo que favorecerá una tributación progresiva y suficiente para tener un Estado sólido financieramente, o una tributación pobre y más que todo regresiva, que no tendrá recursos suficientes para la atención de las necesidades sociales de los grupos más desfavorecidos económicamente. No solo esa contradicción entre unos grupos y otros en el diseño de la política fiscal lo ha moldeado de forma importante, también existen otros condicionamientos que afectan los propios procesos de reforma tributaria. Gómez y O’Farrell (2009) identifican cinco factores que pueden incidir en esos procesos: 1 1. El contexto económico : los procesos de reformas fiscales y tributarias se han realizado en varios países de forma más simple y expedita en situaciones de crisis y cambio. Los determinantes claves de los procesos de reforma han sido las crisis políticas y económicas, los ciclos electorales, el tipo de régimen político y la presión internacional. 2. Las condiciones económicas estructurales : las economías con sectores primarios amplios, niveles elevados de informalidad o baja participación de los salarios en el ingreso nacional, tienden a poseer más dificultades para impulsar reformas tributarias, principalmente aquellas enfocadas en el impuesto sobre la renta o impuestos directos. Economías con altos niveles de concentración del ingreso tienen problemas similares y condena a los países a tener bajos niveles de recaudación. 1 Gómez Sabaini y O’Farrell. La Economía Política de la Política Tributaria en América Latina, ILPES/CEPAL, 2009. 3. Las instituciones políticas : la existencia de instituciones sólidas y sistemas claros de toma de decisiones, facilitan los procesos de reforma. Los sistemas presidencialistas, los cuales recientemente han visto debilitado su mandato político al ganar las elecciones(que en muchos casos han sido electos en segundas rondas), enfrentan más dificultad en el logro de mayorías necesarias para impulsar los procesos de reforma tributaria. 4. Los aspectos ideológicos y culturales : por un lado, el principal factor ideológico que pesa en estos procesos es la concepción imperante de Estado. Este enfoque ha reforzado la noción de Estado como un obstáculo al desarrollo y al crecimiento del sector privado. Por otro lado, pesa el factor cultural, la percepción generalizada de la sociedad con respecto al tema de impuestos, la importancia de contribuir con las cargas públicas y el combate a la evasión. 5. Relación entre el Estado y la sociedad : la posibilidad de impulsar reformas tributarias dependerá, en este caso, de la capacidad del Estado de dar respuesta a los problemas más apremiantes de sus habitantes, del secuestro del Estado por grupos de poder que concentran una importante capacidad económica y una enorme influencia en partidos políticos, así como un sistema político debilitado cuyos partidos políticos sufren de vaivenes importantes de apoyo público. Los procesos de reforma deben sortear el control político que ejercen los grupos hegemónicos, el cual depende de que los factores indicados creen condiciones que rompan ese control. Incluso, a lo largo de la historia, los mayores procesos de reforma tributaria han requerido la participación de los propios grupos hegemónicos, de modo que participaban en procesos de negociación social (España en los Pactos de la Moncloa o Chile en 1990) o por medio de partidos políticos afines ideológicamente a ellos. Por su parte, América Latina puede separarse en dos grandes bloques: por un lado, las economías del sur, quienes impulsaron reformas tributarias importantes en los últimos 30 años, contextualizadas en procesos importantes de cambio políti4

Fernando Rodríguez Garro/ La economía de la política fiscal en Costa Rica co o de crisis económica y que les ha permitido contar con niveles más elevados de ingresos tributarios; por otro lado, las economías del centro y norte, que no han contado con una situación similar y que tienen un control político más fuerte de grupos hegemónicos, lo cual provoca que tengan ingresos tributarios más bajos y reformas tributarias de menor incidencia. La influencia de los grupos en la polí tica fiscal nacional La política fiscal se ha venido configurando en Costa Rica en función de los grupos dominantes y/o grupos de presión, quienes en este país, no son la mayoría de la población, aunque sí constituyen la mayoría política dentro de los partidos políticos. La política fiscal actual continúa respondiendo a las ideas planteadas en la era postcrisis de la deuda, o sea, los planteamientos hechos en la década de los ochenta, con el fin de impulsar la recuperación del país por medio de un importante proceso de cambio estructural de su economía. En Costa Rica, la excepción que se hace a la idea del Estado mínimo es el papel que cumple la política fiscal como instrumento de incentivo empresarial. A pesar de la contradicción que se creaba entre los objetivos planteados para la etapa de recuperación(estímulo económico, por un lado, pero recorte de gasto, por otra parte), en la década de los ochenta se empezaron a utilizar instrumentos de política fiscal para la promoción de actividades empresariales. Exoneraciones a regímenes de atracción de inversión para actividades de exportación, en este caso zonas francas, exoneraciones a las empresas del sector turístico, subsidios directos a la exportación y un tratamiento favorable a las rentas del sector financiero, fueron parte de esos estímulos que fueron aceptados como una actividad estatal. Esta posición, para el caso de Costa Rica, se puede corroborar con las reacciones que ha habido a lo largo de los procesos de reforma planteados. La reforma del impuesto sobre la renta presentada en 1981 fue sufriendo modificaciones que le restaron progresividad, de modo que perdió, en el camino, el criterio del cobro de renta mundial, el cobro de impuestos de renta sobre herencias y bienes gananciales y el impuesto a las ganancias de capital. La versión final de la Ley de Impuesto sobre la Renta, aprobada en 1988, no incluyó estas propuestas según habían sido presentadas. Esto sucedía mientras en el país se aprobada la Ley de Incentivos para el Desarrollo Turístico, en 1985, la cual creaba exoneraciones en compras para empresas turísticas, exoneraciones de impuesto de renta a estas empresas, exención del impuesto territorial y suministro de combustible subsidiado por parte del Estado. En la década de los noventa, reformas parciales en el impuesto sobre la renta y en el impuesto general sobre las ventas, presentadas durante las administraciones Calderón Fournier y Figueres Olsen, también sufrieron una fuerte oposición del sector privado. Al tiempo que se daban estos planteamientos, la política fiscal se seguía orientando al estímulo de actividades productivas y al fortalecimiento del proceso de apertura. Entre los años 1991 y 1999, por ejemplo, se dan los picos de otorgamiento de los Certificados de Abono Tributario(CAT), durante ese periodo el promedio de gasto público por CAT fue de 0,83% del PIB. En diciembre de 1990, se aprobó la Ley de Zonas Francas, que introdujo las empresas de servicios como beneficiarias de este régimen, así como el otorgamiento de exoneraciones de impuestos y tasas por parte de los gobiernos locales. El otro aspecto fue la reducción en los ingresos tributarios producto del comercio internacional, el cual inició fuertemente en los ochentas, pero se aceleró en la segunda mitad de los noventas y continuó con menos ímpetu en años siguientes. Entre 1981 y el año 2000, se perdieron más de 2,5% del PIB en ingresos tributarios, producto de la desgravación arancelaria, mientras que solo se logró aumentar temporalmente el impuesto general sobre las ventas entre 1990 y 1994, y se subió de forma permanente de 1995 en adelante, de un 10% a un 13%, con un lapso de 18 meses en que se subió a un 15% de manera temporal. En agosto del 2001, el presidente Miguel Ángel Rodríguez reúne una comisión de exministros de Hacienda y les pide trabajar en una propuesta, que finalmente se propone a la corriente legislativa en 5

La economía de la política fiscal en Costa Rica/ Fernando Rodríguez Garro abril del 2002. La propuesta presentada no logró prosperar en esta ocasión, a pesar del consenso social que difícilmente se logró en estos momentos, debido al surgimiento del multipartidismo legislativo y el consecuente debilitamiento de la figura presidencial, quien desde ese momento no logró más la mayoría de diputados en la Asamblea Legislativa. Con la salida del bipartidismo de la dinámica, la negociación política se volvió más compleja y más susceptible de ser abordada por grupos de interés con agendas particulares(y muy poco interés de pagar impuestos). El bloqueo legislativo no ha podido ser resuelto, de modo que se tomó como único recurso la introducción del artículo 208 bis en el Reglamento Legislativo para poder aplicarle plazos definidos y mecanismos para evitar el bloqueo parlamentario a los proyectos de ley. Desde el 2002, y con la aplicación del artículo mencionado, aparece en la definición de la política fiscal un actor inesperado que ha influido en el rechazo de las reformas propuestas durante las administraciones de Abel Pacheco y Laura Chinchilla: la Sala Constitucional. Otro actor importante en las propuestas recientes de reforma, es el sector sindical, el cual ha sumado voces a la posición contraria a las reformas fiscales que han expresado otros grupos de presión. Su perspectiva ha estado concentrada en las propuestas de cambio del impuesto general sobre las ventas, para convertirlo en un impuesto al valor agregado. Las movilizaciones convocadas por los sindicatos, como mecanismo de protesta y de formalización de su postura, han sido más visibles y han sumado el apoyo de otros sectores, lo que podría haber cambiado la percepción pública sobre la necesidad de las reformas tributarias en los últimos años. Propuesta para un sistema tributario progresivo Se entiende por progresividad en el sistema tributario la aportación de las distintas personas, físicas y jurídicas, al pago de impuestos en función de su capacidad económica. Un sistema tributario que tenga estas características debería tener un importante componente de impuestos directos, que graven los ingresos como en el caso de renta, o las manifestaciones de riqueza como los impuestos a la propiedad y al patrimonio. Además, debería contar con mecanismos de compensación que reduzcan los impactos de los impuestos indirectos, como al consumo de bienes y servicios, que son regresivos con respecto al ingreso y tienen un peso mayor en el presupuesto de las familias de menores ingresos. Lo primero que debería tener el sistema tributario es una garantía de equidad, como una característica deseable del sistema de impuestos costarricense. Al respecto, los principales problemas provienen del impuesto sobre la renta, pues este es cedular, o sea, grava las diferentes rentas por separado con reglas particulares según sea su origen. Además, adolece de una gran dispersión tarifaria, tasas diferentes según el origen de la renta, con una gran cantidad de rentas exentas y otras con tratamientos preferenciales. Estos aspectos no solo rompen el principio de equidad horizontal, restándole capacidad redistributiva al impuesto, sino que le reduce suficiencia recaudatoria al sistema tributario. En cuanto a rentas de personas jurídicas, la existencia de exoneraciones de impuestos en empresas cooperativas, de las utilidades de asociaciones solidaristas y de los beneficios de empresas de zonas francas, rompen el principio de equidad horizontal también. La existencia de esas ventajas fiscales igualmente reduce la base imponible, así como afecta la recaudación potencial y efectiva. Al no existir límites a las actividades exentas, algunas de estas empresas participan del mercado en condiciones de competencia ventajosa ante otras, que ofrecen los mismos bienes o servicios. El sistema tributario costarricense no solo tiene problemas de bases restringidas y altos niveles de exoneraciones, sino que ha ido sufriendo problemas importantes de informalidad, los cuales evidentemente reducen la base sobre la que se puede aplicar el cobro de impuestos. La necesidad de atacar la informalidad, para mejorar el sistema tributario del país, ha sido reiterada por organismos internacionales que han analizado la situación del país: “El elevado peso de la economía informal suele redundar en mayores tarifas de impuestos aplicadas a los contribuyentes, lo cual conduce a mayores 6

Fernando Rodríguez Garro/ La economía de la política fiscal en Costa Rica pérdidas de eficacia” 2 . Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE, 2017). Desde el punto de vista tributario, los países han desarrollado regímenes de tributación simplificada con la finalidad de facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Esta situación se da sobre todo en los casos de microempresas que no llevan estados financieros o información contable de manera formal. Otro elemento que reduce la base imponible es el otorgamiento de incentivos tributarios. Los cuales además afectan el principio de suficiencia de un sistema tributario, y provocan una ruptura del principio de equidad horizontal y en algunos casos también el principio de equidad vertical. Los incentivos tributarios debieron ser parte de un plan que tendiese, en el largo plazo, a mejorar la competitividad nacional y que se centrara en el desarrollo de activos productivos para el país, como más inversión en infraestructura pública, una fuerza laboral más calificada y más gasto en investigación y desarrollo. La existencia de estos incentivos logra principalmente mejorar la rentabilidad de ciertas inversiones privadas, pero no mejorar las condiciones competitivas de todas las actividades productivas del país, las cuales, por el contrario, se pueden ver afectadas por la falta de recursos que impide incrementar la provisión de los activos productivos antes señalados. Otro tema importante a destacar cuando se pretende mejorar el cobro de impuestos es la evasión y la elusión fiscal, aunque rara vez se hace referencia al tema con la rigurosidad técnica requerida, que además permita hacer un aporte al debate tributario y plantear alternativas de solución. La evasión y la elusión tienen su origen en la propia legislación tributaria, por lo que si se busca atacar estos problemas, lo primero que se debe hacer es revisar la legislación, para plantear las reformas necesarias. Bases imponibles amplias, pocas exoneraciones(mínimas en el mejor de los casos), impuestos que sean fáciles de cobrar y controlar, así como evitar el uso de tasas y tratamientos pre2 Análisis de las políticas fiscales de la OCDE, Costa Rica 2017. ferenciales para ciertas actividades, son aspectos que reducen la posibilidad de evadir o eludir los impuestos. Los datos de incumplimiento, la evasión y la elusión, propiamente, deberían ser un parámetro que permita saber en qué grado falla la legislación tributaria y en dónde debe ser modificada. Ningún país está exento de tener una legislación rezagada con respecto a las prácticas de planificación tributaria, pero algunos tienen un menor nivel de incumplimiento tributario con respecto a su carga impositiva, por lo que tratar de modernizar la legislación y ajustarla a los cambios más recientes que se impulsan en el ámbito internacional, debería ser un objetivo primordial. La elusión y la evasión rompen con los principios de equidad, tanto vertical como horizontal, de modo que se convierten en un mecanismo profundamente regresivo. Las prácticas de planificación tributaria modernas, particularmente las más agresivas, no son accesibles a cualquier tipo de contribuyente en virtud de su costo, lo que deja una parte importante de la elusión y la evasión en manos de personas de mayores ingresos. Así como el otorgamiento de incentivos reducen la base tributaria, la evasión obliga a recargar los aportes del sistema tributario en el resto de los contribuyentes, normalmente por la vía de impuestos indirectos, lo que suma aún más regresividad a los problemas generados por la evasión y la elusión. La recaudación de renta y la progresi vidad del sistema en su conjunto Costa Rica está por debajo de la recaudación en impuestos directos, tanto con respecto a los países de OCDE como con respecto a los países de América Latina. En el primer grupo mencionado, se recaudan en promedio un 11,5% del PIB en el impuesto de renta, América Latina un 5,2% y Costa Rica un 3,9%. Esas diferencias se amplían cuando se comparan los ingresos por impuesto de renta personal, que en los países OCDE se recauda en promedio un 8,5% del PIB, mientras que en Costa Rica apenas a 1,35%. El reto está en mejorar la recaudación del impuesto de renta, que esté centrado en una optimiza7

La economía de la política fiscal en Costa Rica/ Fernando Rodríguez Garro ción del impuesto a las personas físicas, y reducir el incumplimiento de las personas jurídicas. Lo anterior sin desmejorar el rendimiento de los impuestos indirectos, pero disminuyendo su regresividad y su impacto negativo en la equidad. Reformas en el impuesto de renta a las personas físicas En cuanto al impuesto sobre la renta de las personas físicas, se proponen las siguientes medidas: a. La inclusión de dos alícuotas adicionales al impuesto al salario, de 20% y de 25%, adicionales al 10% y 15% que se cobra en la actualidad. b. Introducir un tramo inferior al ya existente del 10%, que grave con un 5% el tramo de salario mensual que iría desde el monto correspondiente a dos salarios mínimos y hasta el nivel en que arranca el cobro del 10%. c. En el caso de las personas físicas con actividad lucrativa, aumentar el umbral a partir del cual se cobra la tarifa del 10% e introducir un tramo inicial con una tasa del 5%. d. Gravar los excedentes distribuidos por empresas cooperativas y asociaciones solidaristas, de manera que se aplique para ello la escala impositiva existente en el impuesto al salario. Reformas en el impuesto de renta: el caso de las rentas pasivas del capital a. Incorporación plena del gravamen de las ganancias de capital, que hoy están exentas, e igualación del tratamiento de las rentas de capital a una sola tasa, sin exoneraciones ni tratamientos preferenciales en función del generador del pasivo financiero. b. Incorporación dentro del impuesto a las ganancias de capital de las herencias y las transferencias de dinero sin contraprestación o de bienes a título gratuito. Reformas en el impuesto de renta a las personas jurídicas En este punto, se propone lo siguiente: a. Aplicación de las principales acciones de las estrategias de planificación tributaria BEPS 3 de OCDE, que puedan incidir en la recaudación del impuesto sobre la renta de personas jurídicas. Entre ellas estarían: subcapitalización, fortalecimiento de los criterios de precios de transferencia, inclusión de rentas procedentes de entidades extranjeras controladas, ampliar la definición de establecimiento permanente y el tratamiento fiscal de las asimetrías híbridas. b. Eliminar los actuales tramos de 10% y 20% en el impuesto a las personas jurídicas y sustituirlo por una escala de tarifas de 10%, 15%, 20%, 25%. c. Incluir en la legislación tributaria, normativa que permita definir qué es un grupo de interés económico y el tratamiento fiscal que se hará de estos. d. Tratamiento tributario favorable de las cooperativas solo para el caso de empresas pequeñas y medianas, que podrían pagar 10% de impuesto de renta, mientras que las empresas cooperativas grandes pagarían un 25% de impuesto. e. Las utilidades obtenidas por las Asociaciones Solidaristas pagarían un 10% por las actividades realizadas. f. En el caso de las empresas de zonas francas, se propone gravar con impuesto de renta las ventas locales de estas empresas. g. Limitar la deducción de gastos por operaciones con contribuyentes residentes de paraísos fiscales y jurisdicciones no cooperantes. 3 BEPS del inglés“Base Erosion and Profit Shifting”, en español“Erosión de la base imponible y traslado de beneficios” 8

Fernando Rodríguez Garro/ La economía de la política fiscal en Costa Rica Reformas en el impuesto al valor agregado(IVA) El reto de este impuesto es compensar los efectos negativos que genera en la población de menores ingresos y disminuir su regresividad, para lo cual se propone lo siguiente: • Opción 1 : subir la tasa del impuesto, al tiempo que se amplía la base a los servicios, e introducir el mecanismo de devolución de todo el IVA pagado al 40% de la población de menos ingresos. Esta propuesta ya se había hecho en el 2015, cuando la Administración Solís Rivera presentó el Proyecto de Ley de Impuesto al Valor Agregado, expediente 19.678, el cual subía la tarifa a un 15%, exoneraba una canasta mínima de consumo alimentario y devolvía el impuesto a los primeros cuatro deciles de ingreso. • Opción 2 : exonerar o gravar con tarifa mínima, puede ubicarse entre el 2% y el 4%, los productos que compongan el 60% del consumo del 40% de la población de menores ingresos, gravar con un 8% los productos que compongan el 60% del consumo de los deciles 5, 6 y 7(salvo los ya exentos en el grupo anterior) y gravar todo lo demás a un 16% (salvo lo ya exento o gravado a un 8%). • Opción 3 : darle el tratamiento preferencial a una canasta de bienes y servicios basada en el consumo del 40% de los hogares de menos recursos, aumentar el IVA a un 15% ó 16%. Además, subsidiar el combustible usado para el transporte público, buses y tren, con la finalidad de generar un impacto positivo a la población de menores ingresos. El control y la administración tributaria Al respecto, se propone: a. Aumentar los(as) funcionarios(as) de la Dirección General de Tributación y de la Dirección General de Aduanas. b. Otorgar los recursos financieros y tecnológicos necesarios a la administración tributaria y aduanera, para desarrollar una plataforma tecnológica de control basada en el uso intensivo de tecnología moderna. c. Consolidar la inteligencia fiscal en una sola área formalmente creada. d. Hacer exigible a los intermediarios financieros el presentar reportes de operación sospechosa en casos de evasión tributaria o defraudación aduanera. e. Eliminar el secreto bancario con fines tributarios. f. Valorar la eliminación de impuestos menores, timbres y tasas con poca productividad en cuanto a recaudación y altos costos de gestión. g. Eliminar las administraciones tributarias de instituciones autónomas y entidades desconcentradas, salvo los gobiernos locales, para concentrar todos los procesos de cobro de impuestos en la Dirección General de Tributación. h. Introducir un impuesto a las transacciones en efectivo, que se realicen por medio del sistema financiero nacional, a fin de incrementar el control tributario de los negocios informales y reducir el uso del dinero en efectivo. 9

La economía de la política fiscal en Costa Rica/ Fernando Rodríguez Garro Autor Fernando Rodríguez Garro Eeconomista, graduado de la Maestría en Política Económica del Centro Internacional de Política Económica de la Universidad Nacional de Costa Rica (UNA). Ha sido profesor de economía en cursos, para grado y posgrado, en la Escuela de Economía (ESE-UNA). Fue Viceministro de Hacienda responsable del área de ingresos, en el Ministerio de Hacienda de Costa Rica y, actualmente, es consultor en temas fiscales y económicos en general. Pié de Imprenta Fundación Friedrich Ebert San José| Costa Rica Hansjörg Lanz Representante Fundación Friedrich Ebert para Costa Rica, Nicaragua y Panamá E-Mail: costarica@fesamericacentral.org Tel.:+506 2296 0736 http://www.fesamericacentral.org En 1965 la Friedrich-Ebert-Stiftung(FES, Fundación Friedrich Ebert) abre en Costa Rica su primera oficina en la región centroamericana. El 23 de julio de 1965 se firma el Convenio de Cooperación entre el Gobierno de Alemania y el Gobierno de Costa Rica. El 1° de setiembre de 1980 se aprueba la Ley no. 6454 que lo ratifica. Por más de 50 años la Fundación Friedrich Ebert en Costa Rica ha desarrollado sus actividades como plataforma de diálogo, análisis político y de asesoría política. La participación de múltiples actores y el fortalecimiento de la democracia social son bases de la cooperación realizada con instituciones sociales y políticas costarricenses. En la actualidad, la Fundación Friedrich Ebert, a través de su oficina en Costa Rica, desarrolla los ocho campos de trabajo regional de la FES en América Central. El concepto de planificación en red de las seis oficinas centroamericanas consiste del trabajo nacional con intercambio regional y seguimiento nacional. Las actividades permiten una cooperación con múltiples actores progresistas en los seis países centroamericanos y en los campos de la justicia social, la democracia, el cambio climático, la economía sostenible y la seguridad. Destaca además, en lo nacional y lo regional el trabajo sindical, de género y con jóvenes- agentes de cambio. El uso comercial de todos los materiales editados y publicados por la Friedrich-Ebert-Stiftung(FES) está prohibido sin previa autorización escrita de la FES. Las opiniones expresadas en esta publicación no representan necesariamente las de la Friedrich-EbertStiftung. PERSPECTIVAS – ISSN 2413-6603