PERSPECTIVAS PAZ Y SEGURIDAD SEGURIDAD DE EXCOMBATIENTES: UNA DEUDA QUE HA COBRADO 290 VIDAS Verdad Abierta Noviembre de 2021 à Desde la firma del Acuerdo de paz, en promedio, cada seis días fue asesinado un integrante de la antigua guerrilla de las Farc que dejó las armas y estaba en proceso de reincorporación a la vida legal. à Los registros del componente Farc del Consejo Nacional de Reincorporación muestran que hasta el 22 de octubre del presente año se han documentado doscientos noventa asesinatos, cincuenta y tres atentados y quince desapariciones forzadas. à Los departamentos más violentos para los reincorporados se encuentran en el suroccidente del país. El listado lo encabeza Cauca, seguido de Nariño, Caquetá, Antioquia, Meta, Putumayo, Valle del Cauca, Norte de Santander y Chocó.

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SEGURIDAD DE EXCOMBATIENTES: UNA DEUDA QUE HA COBRADO 290 VIDAS CONTENIDO CONTENTS 1 FALTAN OTRAS GARANTÍAS 9 2 ¿Y LA PROTECCIÓN? 10 3

SEGURIDAD DE EXCOMBATIENTES: UNA DEUDA QUE HA COBRADO 290 VIDAS “Hoy en día nos mantenemos como si estuviéramos nuevamente en la época de la guerra: nos tenemos que estar cuidando, nos toca estar en los sitios hasta ciertas horas y buscar esquemas de seguridad porque no podemos estar solos”. Esas palabras, cargadas de angustia y decepción, son de Carlos Grajales, quien pasó de tener un fusil terciado al hombro a presidir la cervecería artesanal de La Roja, uno de los proyectos productivos más reconocidos de los trece mil exintegrantes de las Farc que dejaron las armas entre finales de 2016 y principios de 2017. Esa sensación no es cuestión de percepción, exageración o esquizofrenia. En la práctica, desde 2017 no transcurre un mes sin que se conozca la noticia del asesinato de un excombatiente de las Farc, firmante del Acuerdo de paz suscrito con el Estado colombiano hace ya cinco años. Los registros del componente Farc del Consejo Nacional de Reincorporación son contundentes: hasta el 22 de octubre del presente año se han documentado doscientos noventa asesinatos, cincuenta y tres atentados y quince desapariciones forzadas(gráficos1, 2 y 3). En los dos primeros años posteriores a la rúbrica del pacto que tomó cuatro años de negociaciones en La Habana, Cuba, fueron asesinados setenta y ocho excombatientes y uno más se salvó de un ataque sicarial. Y bajo la presidencia de Iván Duque(2018-2022) se han registrado doscientos once homicidios y cuarenta y seis atentados. Los departamentos más violentos para los reincorporados de las antiguas Farc se encuentran en el suroccidente del país. El listado lo encabezan Cauca, con cincuenta y dos asesinatos; Nariño, con treinta y tres; y Caquetá, con treinta. Les siguen Antioquia(veintinueve), Meta(veinticinco), Putumayo(veintidós), Valle del Cauca(diecinueve), Norte de Santander(dieciocho) y Chocó(diecisiete). La Misión de Verificación de las Naciones Unidas( ONU ) en Colombia se ha encargado de hacer seguimiento constante a esta situación en sus informes trimestrales remitidos al Consejo de Seguridad. Identificó que en 2021 los homicidios contra excombatientes se han concentrado en veinticinco municipios del país y que las condiciones de seguridad en regiones de los departamentos de Bolívar, Caquetá, Guaviare y Meta han desmejorado. Por su parte, la Unidad de Investigación y Acusación de la Jurisdicción Especial para la Paz( JEP ) ha encendido las alarmas por la violencia que sufren los desmovilizados de las Farc en los municipios de Tumaco(Nariño); Puerto Asís(Putumayo); San Vicente del Caguán(Caquetá); Cali (Valle del Cauca); Tibú(Norte de Santander); San José del Guaviare(Guaviare); Santander de Quilichao, Corinto, Miranda y Caloto(Cauca). Además de calificar como“crítica” la situación en dichos municipios, esa dependencia de la JEP ha identificado dos principales patrones de violencia contra los firmantes del Acuerdo de paz. El primero está relacionado con el perfil y las labores que realizan los reincorporados, pues quienes lideran la implementación de las denominadas políticas del posconflicto son víctimas de ataques. Así lo señaló en su Sexto reporte de monitoreo de riesgos de seguridad 1 :“Este patrón demuestra cómo las posiciones de liderazgo que asumieron algunos reincorporados du1 Leer más en: Sexto Reporte de Monitoreo de Riesgos de Seguridad. 4

SEGURIDAD DE EXCOMBATIENTES: UNA DEUDA QUE HA COBRADO 290 VIDAS Gráfico 1 Hechos violentos contra excombatientes, 2016-2021: tentativa de homicidios =1 2016 2017 2018 2019 2020 2021 20 17 14 1 2021 2020 2019 2018 1 2017 0 2016 Gráfico 2 Hechos violentos contra excombatientes, 2016-2021: Número de excombatientes asesinados =1 2016 2017 2018 2019 2020 2021 81 60 43 66 34 2021 2020 2019 2018 2017 2 2016 Gráfico 3 Hechos violentos contra excombatientes, 2016-2021: desapariciones forzosas =1 2016 2017 2018 2019 2020 2021 0 2021 1 2020 6 2019 3 2018 5 2017 0 2016 5

SEGURIDAD DE EXCOMBATIENTES: UNA DEUDA QUE HA COBRADO 290 VIDAS rante su tránsito a la vida civil están relacionadas con las causas que produjeron su victimización”. De ese modo, se entiende que“2 de cada 10 reincorporados que fueron asesinados, ejercían liderazgo en temas políticos, de proyectos productivos(representantes de cooperativas), de sustitución de cultivos de uso ilícito, etcétera”. El segundo patrón está relacionado con las disputas territoriales y el accionar de diferentes grupos armados. Para el suroccidente del país, región a la que la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP le dedicó un informe puntual 2 a raíz de la gravedad de la violencia en Nariño, Cauca y Valle del Cauca, en donde fueron asesinados ciento quince excombatientes entre el 24 de noviembre de 2016 y el 13 de agosto del presente año, estableció que hay un“patrón de violencia letal asociado a la prevalencia y la disputa entre disidencias de las FarcEP en antiguas zonas de retaguardia del bloque Oriental, el bloque Sur y el Comando Conjunto de Occidente”. Por otro lado, a diciembre de 2020, el 72% de los asesinatos de excombatientes ocurrieron en áreas rurales y en municipios donde se implementan los Programas de desarrollo con enfoque territorial( PDET ). Así lo señala uno de los informes 3 de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia, sobre los hechos ocurridos en el último trimestre del año pasado. Además, el más reciente informe 4 de ese organismo multilateral, presentado a finales de septiembre de este año, documentó que el 22,8% de los excombatientes asesinados son de comunidades étnicas: cuarenta y cinco personas afrodescendientes y veintitrés indígenas. Desde 2018, los asesinatos de reincorporados de las Farc han mantenido una tendencia similar, que oscila entre los sesenta y cinco y setenta y ocho casos por año. Jorge Mantilla, director del Área Dinámicas del Conflicto de la Fundación Ideas para la Paz(FIP), explica que este fenó2 Leer más en: un informe puntual. 3 Leer más en: informe. 4 Leer más en: reciente informe. meno se debe a un recrudecimiento de la violencia en algunas regiones del país y a que los excombatientes se pueden ver inmersos en contextos de rearme. “Esto está también relacionado con problemas en las dinámicas de reconciliación y reincorporación económica, en los cuales, al volver a sus antiguos territorios, los excombatientes pueden enfrentarse a nuevas dinámicas de reclutamiento, involucrados en dinámicas de criminalidad organizada o común”, plantea este analista. Y agrega: Pueden verse en procesos de ajuste de cuentas. Sobre todo, en un contexto donde hay disidencia, es muy probable que se desaten repertorios de violencia asociados a la retaliación y radicalización de los grupos disidentes, que se señalan como objetivo militar. Isabela Sanroque militó durante doce años en el bloque Oriental de las Farc, participó en la mesa de negociaciones de La Habana y, actualmente, realiza su proceso de reincorporación a la sociedad civil. Desde esa trayectoria, habla de los impactos que producen los asesinatos de sus compañeros que depusieron las armas. “Por seguridad, han tenido que desplazarse de los espacios territoriales –lugares adecuados para su reincorporación y desarrollo de proyectos productivos–. Se han tenido que ir a buscar nuevos horizontes y se vuelve una lucha colectiva. Eso tiene unos impactos negativos, ya que se pierde la continuidad de procesos, aunque no fueran muchos los avances”, expone con preocupación. Ejemplo de ello es el caso del Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación de Santa Lucía, ubicado en Ituango, Antioquia, en donde noventa y tres excombatientes, junto con sus familias, salieron huyendo de la violencia en julio del año pasado y se reubicaron en Mutatá 5 . El Acuerdo de paz contempló un conjunto de garantías de seguridad para excombatientes, líderes y lideresas sociales; no obstante, la sucesión constante de asesinatos 5 Leer más en: Reubicación de excombatientes en Mutatá, un reto para el gobierno nacional. 6

SEGURIDAD DE EXCOMBATIENTES: UNA DEUDA QUE HA COBRADO 290 VIDAS demuestra que no son suficientes o que no se están implementando de manera ideal. El Instituto Kroc, de la Universidad de Notre Dame, encargado de monitorear la implementación del Pacto de La Habana, precisa en su informe bimestral de mayo a junio de 2021 que el 48% de las ciento cuarenta medidas contempladas en el Punto 3, referido al final de conflicto, se han cumplido, la mayoría de ellas relacionadas con el proceso de dejación de armas de las Farc y el paso a la sociedad civil de quienes le apostaron al proceso de paz. lizado junio, continuaba la búsqueda de recursos con cooperación internacional, considerando la disminución en el presupuesto asignado para este año debido a la pandemia. Se le suman a ello los cambios de equipo en esa Dirección, lo que, según el instituto norteamericano,“son dos factores han conducido a un retraso no solo en los tiempos de implementación de los componentes, sino también en la articulación con las organizaciones sociales que hacen parte directa e indirectamente del Programa Integral”. No obstante, llamó la atención sobre la situación del Programa integral de seguridad y protección de comunidades y organizaciones en los territorios, instancia creada mediante el decreto 660 de abril de 2018 6 , con el propósito de: definir y adoptar medidas de protección integral para las mismas en los territorios, incluyendo a los líderes, lideresas, dirigentes, representantes y activistas de organizaciones sociales, populares, étnicas, de mujeres, de género, ambientales, comunales, de los sectores LGBTI y defensoras de derechos humanos en los territorios. De acuerdo con esa norma, las medidas integrales de seguridad y protección adoptadas en el marco del presente Programa, tienen como propósito la prevención de violaciones, protección, respeto y garantía de los derechos humanos a la vida, la integridad, la libertad y la seguridad de comunidades y organizaciones en los territorios. De acuerdo con el análisis del Instituto Kroc, ese programa cuenta con un presupuesto insuficiente para su implementación. Para respaldar esa aseveración citó a la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior: Esta Dirección indicó que, aunque en 2020 se construyeron diagnósticos, se formalizaron protocolos y se formaron promotoras/es comunitarias/os de paz, fina6 Leer más en: Decreto 660. Para Federico Montes, quien estuvo en la antigua guerrilla de las Farc durante dieciocho años y dejó las armas para reencontrarse con su familia y volver a la vida legal, esa lentitud y tramitología burocrática son responsables, en gran medida, de los efectos de la violencia que persigue a los reincorporados. “Desafortunadamente hemos sido objeto de amenazas. Muchas de ellas radican en la irresponsabilidad del gobierno con cada uno de los componentes del Punto 3 del Acuerdo de paz, que tienen que ver con garantías. Para desgracia del proceso de paz, no se han tomado medidas contundentes”, reprocha con gran decepción. También cuestiona el estigma que les cargan a quienes siguen en la ruta de reincorporación por cuenta de aquellos que no se desarmaron o retomaron las armas: Ahora cualquier persona que coja un arma se dice que es disidencia y nos declaran como traidores del Acuerdo de paz. Nos ponen en la mira y eso viene acompañado de un discurso oficialista. Intentan vender la idea de que las Farc no han cumplido. Otro factor que alimenta la violencia que sufren los reincorporados es la impunidad y la falta de información sobre el avance de las investigaciones judiciales, pues la inacción de la justicia estimula que sean atacados porque nadie sufrirá las consecuencias de esos crímenes. Al respecto, la Secretaría Técnica del Componente Internacional de Verificación, compuesta por el Cinep y el Cerac, en su más reciente informe, presentado a mediados de octubre de este año, señala que en 2020 se presentó 7

SEGURIDAD DE EXCOMBATIENTES: UNA DEUDA QUE HA COBRADO 290 VIDAS un avance investigativo del 40,4% de los casos; y que entre el 1 de enero y 17 de septiembre de 2021 fueron capturados cuarenta y ocho presuntos responsables de ataques contra los desmovilizados de las antiguas Farc. En cuanto a ese registro, el informe llama la atención porque el desconocimiento de los avances en materia investigativa,“representa una enorme limitación para lograr identificar las capacidades, retos y obstáculos a superar y, por ende, es un reto que persiste en materia de capacidad institucional para aportar al propósito de desmantelamiento de las organizaciones criminales”. 8

SEGURIDAD DE EXCOMBATIENTES: UNA DEUDA QUE HA COBRADO 290 VIDAS 1 FALTAN OTRAS GARANTÍAS Manuela Marín perteneció a las Farc y operó en el páramo de Sumapaz. En la actualidad, hace política con el partido Comunes, que fue creado por los hombres y mujeres de las antiguas Farc tras dejar las armas. Ella alerta sobre los“riesgos transversales” que tienen los firmantes del Acuerdo de paz. armas.“Nos toca tomar muchísimas medidas para hacer acompañamiento en algunos departamentos. Hay amenazas directas e indirectas que hacen que el ejercicio sea difícil. No es que no podamos llegar como personas, pero no lo podemos hacer como proyecto político”, precisa Marín. “Lo que estamos denunciando son los riesgos colectivos, que son la falta de transformación política, económica y cultural”, expone Marín, y agrega:“El gobierno no tiene preocupación al decir que el balance no es tan negativo porque en otros procesos de paz hubo más muertos, cuando un solo asesinato ya debería ser una preocupación y es una derrota del Estado colombiano”. Sus palabras son sustentadas por la cotidianidad y los registros del Componente Farc del Consejo Nacional de Reincorporación, que señalan a 2019 como el año más violento para los firmantes, con ochenta y dos asesinatos y promediando cerca de siete casos al mes. Esa ola de violencia también repercute en el trabajo político de los Comunes, quienes buscaron la apertura de espacios democráticos y de participación, para dejar las La estigmatización también les pasa factura. Joverman Sánchez Arroyave, conocido también como Rubén Cano o el Manteco, quien comandó el frente 58 de las antiguas Farc, dice que no ha sufrido amenazas ni hostigamientos, pero sí montajes judiciales que lo relacionan con ​las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, o Clan del Golfo, nombre con el que las autoridades denominan a ese grupo armado ilegal 7 . “He sido víctima de tres montajes judiciales. Eso le dice a uno:‘Abra el ojo porque lo van a matar o lo van a encarcelar’. En uno decían que había abandonado el proceso, cuando había venido de Gallo(Zona Veredal donde su frente entregó las armas) por falta de garantías. Dicen que ya estaba con el clan del Golfo y con Otoniel” 8 , rememora Sánchez. 7 Leer más en:“Quieren extraditarme y atacar el proceso de paz”. 8 Leer más en: Otoniel. 9

SEGURIDAD DE EXCOMBATIENTES: UNA DEUDA QUE HA COBRADO 290 VIDAS 2 ¿Y LA PROTECCIÓN? De acuerdo con el más reciente informe de la Misión de Verificación de la ONU , desde el 1 de enero de 2021 hasta mediados de septiembre de este año, la Unidad Nacional de Protección( UNP ) aprobó quinientas noventa y siete solicitudes de protección, incluidas ochenta y seis medidas para mujeres y veintinueve medidas de protección colectiva. En medio del panorama de violencia y de las dificultades que hay para proteger a los reincorporados de las Farc, Mantilla, de la FIP , insta para que ese contexto de alto riesgo, se aborde de“manera urgente e interinstitucional, para que haya garantías de seguridad y se detenga esta dinámica de violencia selectiva contra excombatientes”. No obstante, el documento reseña que, aunque se han contratado 470 de los 686 escoltas adicionales que ordenó la Jurisdicción Especial para la Paz en julio de 2020, los recortes presupuestarios están afectando a los fondos de los esquemas de protección para viajes y viáticos, lo que repercute negativamente en la capacidad de los excombatientes de desarrollar plenamente sus actividades de reincorporación económica, social y política en todo el país. Federico Montes, exguerrillero de las Farc que participó en la formulación y desarrollo del proceso de reincorporación, cuestiona la eficiencia y el manejo de los esquemas de seguridad de la UNP . El suyo está compuesto por cuatro escoltas y dos vehículos, uno de ellos blindado. En los últimos cuarenta días tuve una falla mecánica que derivó de un mal mantenimiento que le hicieron. A los quince(días) nos lo devolvieron, durante ese tiempo solo pudimos utilizar el vehículo convencional, pero durante esos días se quedó sin combustible y me tocó usar bus. Uno no puede salir con los escoltas en servicio público por el tema de porte de armas y me vi en la obligación de salir sin esquema de seguridad. A la semana en la que llegó el vehículo blindado se volvió a dañar y el otro se lo llevaron para mantenimiento. Estoy sin carros y no me puedo movilizar con esos esquemas. Sin embargo, al comparar la situación actual con otros procesos de dejación de armas y reincorporación ocurridos en el país, este analista reconoce que se ha avanzado en seguridad. Y pone como ejemplos la desmovilización del Ejército Popular de Liberación( EPL ), ocurrida en 1991, en la que alrededor del 15% de los excombatientes fueron asesinados; en el caso de la Corriente de Renovación Socialista, que dejó sus armas en 1994, se llegó al 18%; y con las Autodefensas Unidas de Colombia, cuyo proceso de desmovilización se hizo entre noviembre de 2003 y agosto de 2006, la cifra de muertos alcanzó el 11,3%. “Eso no quiere decir que lo que está pasando con las Farc no sea grave, es muy grave, pero puesto en contexto, cerca del dos por ciento de los excombatientes de las Farc han sido asesinados”, precisa Mantilla. El país está a tiempo de dar un timonazo y evitar un desangre mayor. Urge tomar medidas que protejan eficazmente a los hombres y mujeres que dejaron las armas, creyendo en el Estado, para trabajar por la reconciliación nacional y la construcción de una mejor sociedad. De lo contrario, como lo vaticinó una proyección estadística de la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP , dentro de tres años Colombia no estará hablando de doscientos noventa excombatientes asesinados, sino de mil seiscientos. 10

ACERCA DEL AUTOR PIE DE IMPRENTA VerdadAbierta.com es un medio nativo digital dedicado a la investigación periodística de hechos relacionados con los derechos humanos en un amplio espectro temático. Fue creado en 2008 y está integrado por un equipo periodístico especializado en el cubrimiento del conflicto armado y procesos de paz. Desde el 31 de enero de 2019 está bajo la tutela de la Fundación Verdad Abierta. Friedrich-Ebert-Stiftung( FES ) Calle 71 nº 11-90| Bogotá-Colombia Responsable Kristina Birke Daniels Representante de la FES Colombia Saruy Tolosa Coordinador de proyectos saruy.tolosa@fescol.org.co Bogotá, noviembre de 2021 SOBRE ESTE PROYECTO Presente en el país desde 1979, la Friedrich-Ebert-Stiftung en Colombia(Fescol) busca promover el análisis y el debate sobre políticas públicas, apoyar procesos de aprendizaje e intercambio con experiencias internacionales y dar visibilidad y reconocimiento a los esfuerzos en la construcción de paz. Como fundación socialdemócrata, nos guían los valores de la libertad, la justicia y la solidaridad. Mediante nuestras actividades temáticas, ofrecemos un espacio de reflexión y análisis de la realidad nacional, promoviendo el trabajo en equipo y las alianzas institucionales con universidades, centros de pensamiento, medios de comunicación, organizaciones sociales y políticos progresistas. En el marco de estos esfuerzos desarrollamos grupos de trabajo con expertos(académicos y técnicos) y políticos, así como foros, seminarios y debates. Además, publicamos policy papers, análisis temáticos y libros. Para más información, consulte https://www.fes-colombia.org El uso comercial de los materiales editados y publicados por la Friedrich-Ebert-Stiftung( FES ) está prohibido sin autorización previa escrita de la FES .

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