FES BRIEFING EL ACUERDO DE ESCAZÚ El impacto del acuerdo en la economía y la política comercial de América Latina Astrid Becker Abril 2022 – El respeto a los derechos humanos, la conservación de un medio ambiente sano y la lucha contra el cambio climático se han convertido en temas centrales de la política económica y de desarrollo en los últimos años. – Incluso en la política comercial, el respeto a los derechos humanos, así como a los estándares ambientales y laborales cobran cada vez más importancia y todos los acuerdos comerciales recientes de la Unión Europea(UE) contienen cláusulas al respecto. Otros impulsos provienen de la aprobación o el debate sobre una ley de cadenas de suministro en algunos países europeos o a nivel de la UE. – El Acuerdo de Escazú es un nuevo instrumento de América Latina que puede jugar un papel importante no solo en el camino hacia la meta principal que es la protección del medio ambiente sino también en fortalecer el respeto a los derechos humanos, la democracia y una política comercial global equilibrada a nivel social y económico. ANTECEDENTES América Latina dispone no solo de grandes yacimientos de materias primas sino también de una biodiversidad enorme y ecosistemas relevantes para el clima mundial, como la región del Amazonas. Sin embargo, debido a su riqueza en recursos naturales, como minerales y grandes superficies agrícolas, el papel que juega en la división del trabajo a nivel mundial es, en primer lugar, el de exportador de materias primas y facilitador de mano de obra económica. En la actualidad, América Latina es la región más importante para inversiones en la extracción de materias primas a través de la minería; en el año 2018, por ejemplo, el 28 por ciento de las inversiones globales fueron destinadas a países de América Latina. Para combatir los efectos económicos de la pandemia de la Covid-19, muchos gobiernos apostarán por incrementar la explotación de materias primas como cobre, litio, oro y petróleo, así como la deforestación de zonas selváticas, para poder reaccionar a la creciente demanda de minerales y productos agrarios como soja y carne de res. Lo anterior va de la mano con grandes proyectos de infraestructura como la construcción de presas, parques eólicos, puertos y carreteras para crear las condiciones que requiere la producción y exportación. La construcción de minas e infraestructura y la creación de nuevas áreas agrícolas tendrá como consecuencia la destrucción de los espacios de los grupos de población locales e indígenas, así como de diversos ecosistemas. Otros factores que favorecen este desarrollo son proyectos turísticos y el uso de superficies para la generación de energías renovables, en particular las presas y parques solares. La mayoría de los países tiene una legislación medioambiental progresista, sin embargo, en muchas ocasiones, las leyes no se cumplen, por ejemplo, cuando se trata de los análisis del impacto ambiental, el respeto a los intereses de la población local y su participación. Además, en muchos casos, no se permite que la población local goce, al menos no de manera adecuada, de los beneficios económicos de las inversiones. En consecuencia, el potencial de conflictos es alto: a menudo, las protestas contra los megaproyectos terminan en enfrentamientos violentos, que van de la mano con la criminalización de las personas manifestantes, desalojamientos y violaciones de los derechos humanos. Un ejemplo para ello son las protestas contra la mina de cobre“Las Bambas” en el Perú que iniciaron en el 2018 y que provocaron temporalmente el cese de la producción. La represión de protestas por parte de la policía y el ejército y las intimidaciones selectivas ocurren en diversos países de la región que desde hace años es considerada una de las regiones más peligrosas para los activistas ambientales. Según datos de la ONG Global Witness, 227 activistas ambientales fueron asesinados en el año 2020 a nivel mundial, 165 de los cuales en América Latina, sobre todo en Colombia y México.

FES BRIEFING LOS CONTENIDOS MÁS IMPORTANTES DEL ACUERDO DE ESCAZÚ El“Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe”, conocido como Acuerdo de Escazú, entró en vigor en abril del 2021. Es un contrato innovador y vinculante del derecho internacional público que ha sido firmado hasta la actualidad por 13 Estados y que crea un nuevo marco para los derechos humanos y ambientales en la región. Los cuatro pilares fundamentales del Acuerdo de Escazú son: – el acceso a la información ambiental relevante, también en idiomas locales y en un lenguaje comprensible, – la creación de una jurisdicción especializada en cuestiones ambientales con personal formada, – nuevas reglas de gran alcance para procedimientos de participación de la población civil en inversiones relevantes para ella, – mecanismos especiales para proteger a los y las activistas ambientales. Los contenidos del acuerdo retoman los problemas existentes de forma concreta y proponen soluciones. De ejemplo sirvió la Convención de Aarhus que entró en vigor en Europa en el año 2001 y regulariza el acceso a la información, la participación de la población en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en asuntos ambientales. El Acuerdo de Escazú considera, además, otros contratos internacionales como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes. Con el Acuerdo de Escazú, por primera vez, se incluye la protección de activistas ambientales en un tratado internacional; además, tiene un efecto ejemplar por la participación de la sociedad civil en el proceso de la negociación del acuerdo e, incluso, en su implementación ya que prevé la participación de representantes elegidos de la población civil en las Conferencias de las Partes(COP). Con la ratificación, los Estados participantes se comprometen a crear el marco jurídico adecuado para la implementación de los derechos e instituciones acordados en el acuerdo. Hasta el momento, ha sido ratificado por doce Estados, entre ellos se encuentran países importantes de la región como México y Argentina. El decimotercer miembro es Chile que firmó el acuerdo en marzo del 2022. En el proceso de la negociación participaron 24 Estados y se espera que en el futuro otros países más ratificarán el Acuerdo de Escazú. Las reglas complementarias del procedimiento se negociarán en la primera Conferencia de las Partes en abril del 2022 en Santiago de Chile entre los países que ya ratificaron el acuerdo. Los temas de la primera COP serán la composición de los gremios, las normas procedimentales y los mecanismos de financiamiento. En vista del carácter cooperativo que ha marcado el proceso hasta el momento, según manifestaron los países participantes, los mecanismos de sanción aún no se encuentran en el orden del día. Las organizaciones internacionales ven el acuerdo con gran interés. El proceso de negociación fue apoyado activamente por la Comisión Económica de las Naciones Unidas para América Latina y el Caribe(CEPAL) que al mismo tiempo funge como Secretaría del Acuerdo. Otros actores internacionales importantes como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Europeo de Desarrollo celebraron el acuerdo que concuerda con sus criterios de transparencia y sostenibilidad. La OCDE lo calificó como good practice para alcanzar la seguridad jurídica para las inversiones. POSIBLES EFECTOS Con el Acuerdo de Escazú se establecerán nuevos estándares mínimos para procedimientos de inversión transparentes y con ello para eliminar las desventajas en la competencia, así como para reducir el alto nivel de conflictividad. Aun cuando las demás normas procedimentales aún están por negociarse entre las partes del acuerdo, ya se van perfilando efectos de gran alcance para las empresas y las relaciones comerciales internacionales: A) INVERSIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS En diversos países, que aún no han ratificado el acuerdo, como Costa Rica y Perú, el sector privado apoya grandes campañas para evitar la ratificación. Los representantes del sector privado casi no participaron en el proceso de la negociación. Fue hasta en el momento en que se presentó el acuerdo cuando comenzó a formarse una fuerte resistencia. A menudo se argumenta con el reclamo de que los Estados que ratifican el acuerdo perderán la soberanía sobre la explotación de sus recursos. Además, se advierte de que en los países en cuestión se perderá el interés en invertir. La implementación exitosa del acuerdo tendrá grandes repercusiones en los procesos de decisión sobre inversiones masivas: hasta ahora, muchas de las decisiones fueron tomadas por los Ministerios en las capitales, los derechos de participación fueron frustrados por plazos de oposición demasiado cortos para responder a los complejos análisis del impacto ambiental. El Acuerdo de Escazú prevé reformas legales que exigen la presentación de la información respecto al impacto ambiental en un lenguaje que sea fácil de entender y, en caso de ser necesario, traducida a los idiomas locales. Junto con los derechos de participación concedidos, esto significa un mayor consumo de tiempo y más gastos antes de la toma de decisiones sobre las inversiones. El acuerdo prevé, además, la negociación de mecanismos de compensación para los grupos de población afectados, así como la posibilidad de invertir la carga de la prueba en casos de conflicto, lo cual significa que ya no serían los afectados los que deben comprobar que el proyecto tiene un impacto desfavorable para su entorno, sino son las empresas que deben demostrar lo contrario.

Muchas voces críticas no toman en cuenta que el Acuerdo de Escazú apoya tendencias actuales en la política económica global que el sector empresarial debe enfrentar: – A nivel mundial aumenta la insistencia de parte de la sociedad civil de los países productores y consumidores en el cumplimiento de criterios como la sostenibilidad, el trabajo de calidad y el respeto a los derechos humanos. Se exige que las empresas asuman una responsabilidad amplia. La información sobre la violación de las obligaciones ambientales, el perjuicio a grupos de población indígenas o al medio ambiente pueden dañar fácilmente la reputación de las empresas y provocar llamados al boicot. – En los mercados financieros internacionales aumenta la demanda por inversiones sostenibles. Para proyectos que no cumplan con estos requisitos se volverá cada vez más difícil recibir apoyo financiero. – La implementación de las normas del Acuerdo de Escazú facilitaría la certificación de los productos fabricados. – La introducción de estándares uniformes en la preparación y la realización de inversiones puede ayudar a disminuir la distorsión de la competencia. – La transparencia en los proyectos de inversión puede reducir significativamente el riesgo de conflictos sociales y evitar de esta manera retrasos en la realización del proyecto. B) POLÍTICA COMERCIAL En el debate sobre una política comercial internacional justa a nivel social, las cláusulas respecto a la sostenibilidad y el trabajo de buena calidad adquirieron cada vez más importancia en los últimos años. A pesar de que el objetivo principal del Acuerdo de Escazú es mejorar la política del medioambiente y de los derechos humanos, su implementación tendrá repercusión en el comercio de la región con partes internacionales y frenará la“carrera hacia el precipicio” con respecto a la protección del medioambiente y de los derechos humanos. En general, la sociedad civil observa las negociaciones sobre tratados internacionales de comercio con una actitud cada vez más crítica como demuestra, por ejemplo, la discusión pública sobre el Acuerdo de libre comercio MERCOSUR Unión Europea. Hacer referencia al Acuerdo de Escazú en los textos contractuales podría ser un aporte importante para evitar más rechazo y crear un marco complementario para garantías, sobre todo, en el ámbito de la sostenibilidad ecológica. Hasta ahora, el Acuerdo de París sobre el cambio climático es el único marco de referencia para los tratados europeos de comercio sobre sostenibilidad ecológica. C) LAS LEYES SOBRE LAS CADENAS DE SUMINISTRO Incluso en el debate actual acerca de las leyes sobre las cadenas de suministro, el Acuerdo de Escazú puede dar nuevos impulsos: el objetivo de estas leyes es el respeto de los derechos humanos, garantizar la protección del medioambiente, y conferir a las empresas la obligación de obrar con diligencia en toda la cadena de suministro. En Alemania y en la Unión Europea ya se aprobaron las leyes correspondientes o se están discutiendo actualmente. La regularización del acceso a la información, de la participación ciudadana y de una justicia competente en casos de litigios sobre asuntos medioambientales, podrían contribuir de forma significativa a lograr que se respeten los criterios de la sostenibilidad en las cadenas de suministro en América Latina. CONCLUSIÓN El Acuerdo de Escazú abre nuevas perspectivas para el intercambio y la cooperación entre los países interesados y sus contrapartes, sin embargo, existe el peligro de que siga siendo nada más un proyecto en el papel y de que su implementación se realice, después de la euforia inicial, de forma muy lenta. Un papel importante en el monitoreo de la implementación seguirá jugando la sociedad civil, sin olvidar la gran relevancia del apoyo de las contrapartes de América Latina. La Cooperación Internacional de Desarrollo ha apoyado activamente el proceso de negociación y probablemente seguirá ofreciendo su apoyo en la creación de los fundamentos jurídicos en los países interesados o en la construcción de una jurisdicción medioambiental. Incluso el intercambio con otras regiones donde ya existen acuerdos similares podría fomentar la discusión sobre las normas procedimentales en las COP. La Convención de Aarhus que entró en vigor en Europa en el año 2001 sirvió de ejemplo en las negociaciones del acuerdo de América Latina. Sin embargo, se presentan grandes diferencias en los detalles de los dos acuerdos, lo cual debería constituir la base para un dialogo sobre las experiencias y el futuro de ambos instrumentos. En otras regiones como África se observa el Acuerdo Escazú con gran interés. Además, como ya se mencionó arriba, si otros tratados comerciales bilaterales o multilaterales harían referencia al Acuerdo de Escazú podría beneficiar su implementación. En general, el Acuerdo de Escazú tiene el potencial de dar el impulso necesario para reorientar la colaboración y los tratados comerciales entre América Latina y sus contrapartes de una forma ejemplar.

FES BRIEFING OTRAS PUBLICACIONES SOBRE EL ACUERDO DE ESCAZÚ: García, Carlos. Governance and environmental democracy: Benefits of accession to the Escazú Agreement given the situation of the environment in El Salvador. San Salvador: Friedrich-Ebert-Stiftung(FES) El Salvador, septiembre 2021 http://library.fes.de/pdf-files/bueros/fesamcentral/18468.pdf García, Carlos. Gobernanza y democracia ambiental: Beneficios de la adhesión al Acuerdo de Escazú ante la situación del ambiente en El Salvador. San Salvador: Friedrich-Ebert-Stiftung(FES) El Salvador, septiembre 2021. http://library.fes.de/pdf-files/bueros/fesamcentral/18467.pdf Madrigal Cordero, Patricia; González Ballar, Rafael. Acuerdo de Escazú en Costa Rica: Desmitificando falacias y construyendo argumentos San José: Friedrich-Ebert-Stiftung(FES) Costa Rica, agosto 2021. http://library.fes.de/pdf-files/bueros/fesamcentral/18210-20210820.pdf Becker, Astrid. Das Abkommen von Escazú: Meilenstein für Menschenrechts- und Umweltpolitik. Berlin: Friedrich-Ebert-Stiftung, Referat Lateinamerika und Karibik, junio 2021. http://library.fes.de/pdf-files/ iez/17983.pdf Arreguín Prado, Amelia. El Acuerdo de Escazú y la ciudadanía ambiental de mujeres, jóvenes y pueblos indígenas. Ciudad de México: Fundación Friedrich Ebert en México, marzo 2021 http://library.fes.de/pdf-files/bueros/mexiko/17551.pdf ACERCA DE LA AUTORA Astrid Becker es la directora del Proyecto Regional Transformación Social-Ecológica en América Latina de la FES en México. AVISO LEGAL Friedrich-Ebert-Stiftung| Referat Lateinamerika und Karibik Hiroshimastr. 28| 10785 Berlin| Deutschland Persona responsable: Valeska Hesse, coordinadora de la sección América Latina y Caribe Tel.:+49-30-269-35-7484 Fax:+49-30-269-35-9253 http://www.fes.de/referat-lateinamerika-und-karibik/ Para solicitar publicaciones/ Contacto: contacto@fesmex.org El uso comercial de todos los materiales editados y publicados por la Friedrich-Ebert-Stiftung está prohibido sin previa autorización escrita de la FES. Las opiniones expresadas en esta publicación no reflejan, necesariamente, los puntos de vista de la Friedrich-Ebert-Stiftung. ISBN 978-607-8642-99-1