Al momento del acceso al poder del FPV, el sistema educativo público argentino enfrentaba problemas tanto de larga data (desigualdad, inadecuada estructura laboral de los profesores, rezago educativo de la población adulta, selectividad de la educación superior) como otros que resultaban consecuencia directa de las políticas de los años �90 (desarticulación institucional, desespecialización de la formación técnica, morosidad en la validación nacional de los títulos).

Durante estos últimos doce años, se pueden diferenciar cuatro etapas en lo referido a las iniciativas gubernamentales en materia de políticas educativas: un momento inicial de atención a la crisis del sistema, un punto bisagra marcado por la Ley Nacional de Educación, una tercera instancia signada por la ampliación de la obligatoriedad escolar, y una fase final �más reciente� en la que cobra protagonismo la noción de �inclusión educativa�.

Entre los varios logros del período, cabe destacar la sanción de las leyes de Educación Técnico Profesional, de Garantía del Salario Docente, y �en particular� la de Financiamiento Educativo (que se planteó el objetivo de invertir en educación, ciencia y tecnología un 6% del PBI), además de la creación del Instituto Nacional de Formación Docente (INFD), y la implementación de programas nacionales como FinEs, o Conectar Igualdad (la primera iniciativa estatal para universalizar la incorporación de las TIC al sistema escolar).

En cuanto a los pendientes, se podría mencionar la falta de una actualización en el gobierno de la educación (para alcanzar un mayor federalismo), la necesidad de revalorizar adecuadamente la carrera docente, y la imperiosa demanda de un trabajo profundo sobre el nivel secundario, que hasta ahora no ha logrado modificar sustancialmente sus indicadores.