Durante los últimos veinticinco años, el narcotráfico ha sido una de las prioridades de las agendas y políticas de seguridad y defensa nacional de Estados Unidos y varios países latinoamericanos. Colombia, al estar situada en la esquina norte de Sudamérica, históricamente ha tenido una gran preocupación frente a la relación entre su posición geoestratégica, que permite el auge de esta actividad, unida a otras preocupaciones como la seguridad y estabilidad regional. El Acuerdo de paz firmado por el estado colombiano con la guerrilla de las Farc plantea en su punto 4 abordar el asunto del narcotráfico y el problema de los cultivos ilícitos. Este punto se constituye sobre tres ejes principales: producción, consumo y comercialización, como una manera de plantear una solución integral al problema de las drogas ilícitas con el ánimo de rebasar las estrategias de intervención militar que han caracterizado la llamada guerra contra las drogas. Esto pone en evidencia cómo el problema de los cultivos ilícitos se relaciona con asuntos pendientes concernientes al desarrollo rural y la necesidad de una reforma rural integral en el campo colombiano. Si bien el punto 4 se sustenta en la creación de un Programa nacional integral de sustitución de cultivos de uso ilícito, en el caso de la región Pacífico, ubicada al Occidente de Colombia, hay desafíos importantes, como la realización de procesos consultivos para el diseño e implementación de este programa, y la emergencia de problemáticas como la minería ilegal y la persistencia de actores armados ilegales.