Se parte de la necesidad de aprovechar la ventana de oportunidad del Acuerdo final para evitar el simple cambio cosmético. Sin transformaciones, no hay éxito asegurado, ni en paz ni en reconciliación, ni provisión eficaz de seguridad. Uno de los retos de esa transformación es la transición en materia de seguridad pública (militar y policial), algo fuera de la agenda negociadora. Concretamente, de cómo definir las reglas y una hoja de ruta para una transición de seguridad pausada, puesto que siguen persistiendo incógnitas y un proceso de negociación en marcha (ELN). Hay que afrontar problemas no solo derivados del fin del conflicto armado, sino también de la autonomía excesiva del sector militar y de una confusión excesiva de tareas entre la Policía y las Fuerzas Militares, fenómenos con raíces anteriores a la creación de los grupos insurgentes y el estallido de los conflictos armados internos. No acometer el debate sobre la transición en seguridad pública de manera clara y transparente implicaría al menos dejar que las cosas sigan como han estado desde 1958. Se busca coadyuvar a la puesta en marcha de ese debate creando un futuro espacio intersectorial e inter-actores. Por ello, se priman las preguntas y la conformación de agenda, mediante la exposición argumentada de veintiséis tesis (afirmaciones susceptibles de discusión) y de ocho retos que afectan a la transición. Las conclusiones insisten en que, de facto, existe ya una agenda abierta de transición en materia de seguridad, que debe visualizarse públicamente; en la necesidad de crear espacios de diálogo para establecer una agenda y un lenguaje compartidos; en la conveniencia de mejorar las capacidades de los miembros de los diferentes sectores en asuntos de gobernanza y reforma del sector de seguridad; en la centralidad de recuperar el tiempo perdido en cuanto a la reforma de la Policía y articularla de forma coherente con la agenda y cambios en marcha en las Fuerzas Militares ya en esta primera fase de la construcción de la paz.