En la última década las respuestas políticas de los países hacia la migración venezolana han ido cambiando; hasta el año 2018 la mayoría fueron receptivas, pero con el aumento del flujo se fueron orientando hacia un enfoque securitista, restrictivo y con menor perspectiva de derechos, lo cual ha aumentado la vulnerabilidad de la población migrante, generando incertidumbre y propiciando una mayor migración irregular.