El motín policial ocurrido en Bolivia en junio de 2012 demostró que la policía boliviana sigue relegando los objetivos institucionales a intereses corporativos y particulares, y usando la fuerza como recurso para defender esos intereses. Sus altos mandos están alineados con el oficialismo de turno, lo que les permite ascensos y promociones, y controlar los mecanismos de poder relativos al uso de la fuerza pública. Mientras tanto, la base de la organización sigue relegada y mal retribuida.

La policía boliviana no ha sido modernizada porque para las elites del país ha sido más rentable políticamente lograr la lealtad policial a partir de prebendas, privilegios e impunidad. Tampoco ha habido un proceso de descentralización, lo cual va en contra de la creciente autonomía de las regiones.

Este documento plantea que es fundamental reformar y descentralizar a la policía, dado que los retos que plantea el crimen organizado, a través del narcotráfico, y las dinámicas de la seguridad ciudadana no pueden ser eficazmente atendidos por una institución policial centralizada como la que existe hoy.