PERSPECTIVAS 4/2015 La Ocde y el reduccionismo de la política laboral y pensional: imaginar alternativas desde el trabajo decente y los derechos Sergio Chaparro Hernández n n El gobierno nacional está empeñado en que Colombia ingrese a la Ocde y avanza en una agenda de reformas para lograrlo, acogiendo las recomenda­ciones del organismo. n n El interés en modificar las políticas económicas y sociales contrasta con el es­caso interés en diseñarlas de acuerdo con sistemas de regulación jurídicamen­te vinculantes para el estado colombiano, como las normas internacionales de la OIT o el derecho internacional de los derechos humanos. n n En los últimos años, Colombia avanzó de un modelo de crecimiento econó­mico con trabajo precario a otro en el que principalmente se genera trabajo asalariado. Evolución insuficiente para recuperar la participación del empleo asalariado en la estructura de la ocupación de principios de siglo. n n En general, pese a haber experimentado un crecimiento económico sobresa­liente, los resultados de la política laboral y de seguridad social de Colombia son mediocres en comparación con el contexto regional. n n Las recomendaciones de la Ocde en materia laboral y pensional, además de ser cuestionables en su eficacia y pertinencia, entran en tensión con las obli­gaciones jurídicas del estado en virtud del concepto de trabajo decente y del derecho internacional de los derechos humanos. n n Son muchas las alternativas de políticas que, sin retroceder en el grado de protección de los derechos de los trabajadores y las personas que aspiran a pensionarse, pueden seguirse para afrontar el desempleo, la informalidad y la desprotección en la vejez. n n En particular, avanzar hacia un sistema tributario progresivo que permita ga­rantizar un piso mínimo de protección social, independiente de la relación laboral, y una política que corrija la heterogeneidad productiva que está a la base del desempleo y la informalidad laboral.