ANÁLISIS ¿Después de la consulta, qué? Entre la transición y la incertidumbre N ORMAN W RAY E NERO 2018 Toda consulta popular es un acto eminentemente político. La consulta que fue convocada para el 4 de febrero de 2018 será la primera convocada por el nuevo Gobierno, luego del 10 años de la llamada Revolución Ciudadana, en la cual la presidencia fue ejercida por Rafael Correa. El Gobierno de Lenín Moreno arrancó el 24 de mayo de 2017 bajo dos circunstancias complejas: un triunfo apretado en segunda vuelta con denuncias de un supuesto fraude esgrimidas desde el candidato contendor, Guillermo Lasso; y, denuncias de actos de corrupción alrededor de la trama Odebrecht que apuntaban al propio vicepresidente electo como binomio de Moreno, Jorge Glass, recientemente sentenciado a 6 años de prisión por el delito de asociación ilícita en el caso Odebrecht y como consecuencia, dejó de ser vicepresidente de la República. Así, en un contexto sumamente polarizado y conflictivo, el Gobierno asumió dos tácticas políticas. Una, convocar a un“diálogo nacional” para reconciliar al país y recoger propuestas para afrontar la crisis económica, política y organizar una lucha frontal contra la corrupción. Dos, convocar a una consulta popular también como uno de los resultados de ese diálogo nacional. Con ambas intervenciones el Gobierno apostó a generar apoyo propio y una base política para la gobernabilidad de su proyecto político. Luego de un proceso corto de recolección de propuestas de la ciudadanía, el Gobierno definió siete preguntas, algunas de ellas propias de un referéndum y otras típicas de una consulta popular. Los múltiples temas que se abordan son los siguientes: 1) la prohibición para participar en la vida política del país, y la pérdida de sus bienes, para aquellas personas que hayan sido condenadas por actos de corrupción, llamada la"muerte civil"; 2) dejar sin efecto las enmiendas constitucionales realizadas por el Gobierno de Rafael Correa en diciembre de 2015 que permitían la reelección indefinida; 3) la instauración de un Consejo de Participación Ciudadana y Control Social transitorio, con facultades de evaluar y cesar a las autoridades que fueron nombradas por el actual consejo en funciones, entre ellas fiscal, contralor, procurador, entre otras; 4) enmendar la Constitución para que nunca prescriban los delitos sexuales en contra de niñas, niños y adolescentes; 5) prohibir sin excepción la minería metálica en todas sus etapas en áreas protegidas, zonas intangibles y centros urbanos; 6) derogar la"Ley de Plusvalía", que de acuerdo al Gobierno Nacional, ayudaría a reactivar el sector inmobiliario y de la construcción; y 7) incrementar la zona intangible en al menos 50.000 hectáreas y reducir el área de explotación petrolera autorizada por la Asamblea Nacional en el Parque Nacional Yasuní de 1.030 hectáreas a 300 hectáreas. Sin embargo, las preguntas dos y tres son las que especialmente tienen consecuencias políticas trascendentales en el proceso de transición desde el régimen de la Revolución Ciudadana hacia un -aún no claramente definido-“nuevo orden”, bajo el liderazgo de Lenín Moreno.