ANÁLISIS El rol del Estado en el proceso de transformación social-ecológica de América Latina Oscar Oszlak C on la colaboración de S ebastián J uncal A la luz de los procesos de construcción de los Estados en Latinoamérica, este documento sugiere algunos lineamientos técnicos y políticos indispensables para que el Estado cumpla un rol proactivo en las iniciativas de transformación social­ecológica de la región. Las valoraciones y propuestas se centran en la definición y alcance de tres pactos fundacionales que debe procurar un Estado democrático de derecho: a) el pacto de gobernabilidad, b) el pacto de división social del tra­bajo, y c) el pacto distributivo. Como garante de estos pactos, el Estado ejerce su monopolio sobre los medios de coerción, pone en juego su legitimidad y emplea su capacidad de gestión. Para viabilizar los pactos en la agenda pública, los Estados cumplen tres roles esenciales: un rol sectorial, un rol mediador y un rol estructural. Estas actuacio­nes son complementarias pero también dan lugar a contradicciones que merman el alcance de los pactos fundacionales. Las contradicciones en el desempeño de estos roles están marcadas por la presión de grupos que pretenden satisfacer sus intereses económicos en detrimento del interés general. Los intentos de reforma estatal en la región no han mejorado en mucho las capacidades para promover un desarrollo sustentable, avanzar hacia la equidad social o fortalecer la gobernabilidad democrática. Parte de este fracaso tiene que ver con que no se ha atacado el verdadero problema de la gestión estatal, que no es de medios sino de fines. Hoy estamos tal vez frente a un límite estructural respecto al potencial impacto que supone incorporar mejores herramientas de organización y gestión. Peor aún, estas pueden llegar a tornar más eficiente lo so­cialmente inconveniente o injusto, resultando por sí solas incapaces de sostener una real y profunda transformación social-ecológica en los países. El desafío de innovar y mejorar las capacidades del Estado pasa por un funcio­namiento transversal y coordinado entre sus distintos niveles y organismos, con base a fines socialmente acordados. Esto implica antes que nada: a) reforzar la planificación y la programación a fin de erradicar esa suerte de“presente conti­nuo” en que suelen adoptarse las decisiones estatales, b) convertir la transparen­cia de la administración y la participación ciudadana en la gestión en pilares de la institucionalización de los Estados, y c) profesionalizar el empleo público para que los funcionarios cumplan su verdadero rol de“agentes”, escuchen activa­mente al ciudadano, respondan a sus cuestionamientos y demandas, le brinden información oportuna y le rindan cuentas.