Segundo ciclo del Examen Alejandra Umpiérrez(compiladora) | Periódico Universal de Naciones Unidas 40% de sus obligaciones) y la mayoría de las Intendencias(67% cumple con menos del 40% de sus obligaciones) muestran bajos niveles de cumplimiento de transparencia activa. El hecho de que este tipo de instituciones incumplan es altamente preocupante ya que tienen un alto grado de autonomía y a su vez son muy cercanas al trabajo directo con las personas, en su actuar en lo local. Información para el monitoreo social En el marco de la ley 18381 en los últimos años varias organizaciones de la sociedad civil( osc ) han procurado acceder a información relevan­te para el monitoreo de políticas públicas con impacto en la realización de derechos humanos. Esta práctica ha contribuido a generar una ma­yor demanda de información sobre derechos humanos e identificar y visibilizar la existencia de vacíos que debilitan las capacidades de la so­ciedad civil para una participación efectiva en los asuntos públicos. En materia de información presupuestaria, si bien en general los organismos cumplen con la obligación legal de difundir proactivamente su presupuesto, no lo hacen de manera suficiente ­mente desglosada por rubros para cada progra­ma y dentro de estos. Esta situación determina que existan muchas dificultades para el monito ­reo del presupuesto nacional con perspectiva de derechos humanos por parte de la sociedad civil en Uruguay. Igualmente, si bien diversas leyes han jerarquizado la producción de información como parte de los cometidos institucionales de diversos organismos principalmente en el área social, persisten vacíos de información asociados en muchos casos a la falta de sistematización y producción de información a partir de los datos primarios con los que cuenta cada organismo. La dispersión de los datos y la falta de articulación al interior de los propios organismos o incluso entre estos determinan frecuentemente que la información no se encuentre disponible para su acceso oportuno. La inadecuación de los archivos y sistemas de registro de información a los requerimientos necesarios para dar cumplimiento a los plazos y procedimientos previstos en la ley 18381 es otro factor que determina dificultades para acceder a información de calidad. Además, no todos los organismos han incorporado aún estándares para la reusabilidad de la información: muchas veces la información estadística es proporciona­da en formatos cerrados o incluso en soporte papel. En general los organismos expresan que en­frentan dificultades estructurales y de recursos humanos para responder dentro de los plazos legales a las solicitudes de información que re­quieren datos estadísticos para períodos largos de tiempo, o datos a nivel nacional o con desglo­se por sexo y edad. En definitiva, contar con esta información resulta especialmente relevante en relación a los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, puesto que contribuye a delimitar el alcance concreto de las obligaciones del Estado. Recomendaciones „ „ Fortalecer la institucionalidad y autonomía del órgano de control de la ley de aip , dotán­dolo de mayor autonomía, poder de fiscaliza ­ción, poder de incidencia en la formulación de las políticas públicas de transparencia y acceso a la información y garantizar el pre­supuesto que permita el desarrollo de sus funciones. Modificar las atribuciones funcio ­nales de la unidad a los efectos de establecer a texto expreso la competencia para recibir denuncias por incumplimiento del derecho de aip y emitir dictámenes vinculantes o de­rivar la función de dirimir apelaciones a un órgano de mayor autonomía como lo es la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo. „ „ Presupuestar el cargo de consejero del conse­jo de aip , el cual es actualmente de carácter honorario, y dotar al órgano de control de los recursos necesarios para poder cumplir con todas las obligaciones que les imponen tanto la ley como su decreto reglamentario. Específicamente en lo referido a las estadísti ­cas, informes de cumplimiento e implemen­14