Segundo ciclo del Examen Alejandra Umpiérrez(compiladora) | Periódico Universal de Naciones Unidas previstas por el Consejo de Derechos Humanos y aceptadas por Uruguay. Es de rigor destacar la voluntad inequívoca y determinante de la mayor parte del cuerpo de Magistradas/os Fiscales y algunas/os Jueces de continuar con estas causas soslayando los obs­táculos presentados por los defensores de los torturadores y responsables de los delitos come­tidos durante el terrorismo de Estado, aplicando el derecho e intentando cumplir con la doctrina internacional y la promoción de los derechos humanos. A su vez, la Suprema Corte de Justicia tiene a estudio las recusaciones presentadas por cinco fiscales penales contra cuatro de sus ministros, a los que acusa de prejuzgamiento en los expedien­tes que indagan crímenes de policías, militares y civiles colaboradores durante la dictadura, ante declaraciones tendenciosas e infelices realizadas por el presidente de la Corporación a la prensa. Planteada esta realidad, recordamos que aún está pendiente desde hace más de una década la reforma de los Códigos Penales y del Proceso Penal por parte del Poder Legislativo. Destacamos el impacto del monitoreo que han realizado las organizaciones de derechos huma­nos en todas y cada una de las instancias con el propósito de erradicar la impunidad en nuestro país, cumpliendo un rol en el que el Estado está omiso. El no reconocimiento del derecho de las vícti­mas por parte del Estado en su dimensión más íntegra: el derecho a saber la verdad; a que se juzgue a quienes cometieron los delitos(contra ellos, sus familiares, contra la sociedad toda); la reparación en todos sus aspectos; el acceso a la información mediante los archivos que aún permanecen cerrados; al acompañamiento en las instancias judiciales tanto de los denuncian­tes como de los testigos; a que los lugares donde se cometieron los horrores se mantengan como «espacios de memoria» donde se permita sensi­bilizar a las personas de lo ocurrido, vulnera la esencia de la condición humana, impidiendo el proceso necesario que debe transitar una socie­dad para la construcción del relato de su histo­ria reciente, para el fortalecimiento democrático y de ciudadanía, asegurando a las generaciones venideras que las atrocidades de los hechos del pasado no se repetirán. Colectivo Ovejas Negras En los últimos años Uruguay ha realizado im­portantes avances en materia de legislación, 3 po­líticas públicas, instituciones y programas 4 con el objeto de garantizar los Derechos Humanos de las personas lgbti , en concordancia con su Constitución, que reconoce la igualdad de todas las personas. Alentamos a que Uruguay preste atención en su Informe epu y asimismo en sus políticas y estrategias estatales a los siguientes aspectos: „ „ La persistencia de parte de diferentes instan­cias del Estado, en base a prejuicios e intere­ses corporativos, en la no aplicación de las protecciones legales y mecanismos de acceso a la justicia previstos en leyes y el Código Pe­nal en relación a la discriminación por orien­tación sexual, identidad de género, etnia/ raza, etc. Esta situación se refleja en ámbitos del Poder Judicial, de las instancias educati­vas y de la seguridad. 3. Entre estas: ley n.º 17817(2004), que declara de inte­rés nacional la lucha contra el racismo, la xenofobia y toda forma de discriminación, y crea la Comisión Ho­noraria contra el Racismo, la Xenofobia y toda otra for­ma de Discriminación; ley n.º 18590(2009), Código de la Niñez y la Adolescencia, que modifica disposiciones relativas a adopción; ley n.º 18620(2009), Derecho a la Identidad de Género y al Cambio de Nombre y Sexo en Documentos Identificatorios. El 3 de mayo de 2013 fue promulgada la Ley de Matrimonio Igualitario luego de ser aprobada por amplia mayoría en el Parlamento. 4. Constitución de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo( inddhh )(2012); Comisión Honoraria contra el Racismo, la Xenofobia y toda otra forma de Discriminación(2007); Plan Na­cional de Lucha contra toda forma de Discriminación; derogación por decretos nacionales de normas discri­minatorias de las Fuerzas Armadas(2009). 18