Segundo ciclo del Examen Alejandra Umpiérrez(compiladora) | Periódico Universal de Naciones Unidas „ „ Garantizar la participación activa de los y las afectadas por la contaminación en las deci­siones relativas a la gestión y control de las cuencas hidrográficas. „ „ Diseñar mecanismos participativos de con­tralor de los permisos de uso y de aprovecha­miento de agua. „ „ Garantizar el acceso a la información públi­ca sobre la calidad de agua(en el territorio y potabilizada). „ „ Establecer canales y mecanismos claros para que la población denuncie y pueda tener res­puestas rápidas ante situaciones de fumiga­ción o contaminación de recursos naturales. „ „ Diseñar mecanismos de amparo, denuncia y protección de comunidades cuyos ddhh se vean vulnerados por aplicación de agro­tóxicos Comité de los Derechos del Niño Uruguay El Uruguay transita un período donde los in­dicadores dan cuenta de una bonanza econó­mica, un índice de desocupación por debajo del 6% y una amplia cobertura de la seguridad social, entre otros factores positivos. Sin em­bargo estos aspectos no se reflejan sobre la per ­cepción de la inseguridad ciudadana que aqueja a amplios sectores de la sociedad. Diversos fac­tores confluyen en el mismo, pero entre estos es indudable que la sobreexposición en algunos medios de prensa 19 sobre la participación de los adolescentes en la comisión de delitos y el uso 19. Son altamente indicativos los datos surgidos del in­forme«Adolescentes en conflicto con la ley. Monitoreo de medios. Informe de resultados enero-junio 2011», de la agencia Voz y Vos, en el que se indica:«Lo cierto es que mientras en todo el 2009 las notas dedicadas al tema“Derechos y Justicia” en la metodología Voz y Vos, fueron cerca de 200, apenas en esta primera mi­tad del año 2011, las mismas llegaron a casi 500, lo que hace esperar que a fin de año el número posiblemente se aproxime al millar. Un crecimiento del 500%». que hacen de ella algunos actores políticos han tenido efectos en el imaginario social que res­ponsabiliza casi exclusivamente de la inseguri­dad a los adolescentes. Si bien la percepción y los datos parecen indi­car otras cuestiones, lo cierto es que a partir de esta situación se instaló fuertemente en nuestra sociedad la cuestión de la inseguridad vinculada a las personas menores de 18 años. Como forma de dar respuestas a nivel legislativo se creó una Comisión Bicameral 20 a la que se le encargó el estudio y elaboración de respuestas para atender esta temática. La Comisión Bicameral recibió a diferentes actores gubernamentales, judiciales, académicos, organismos intergubernamentales y de la sociedad civil. A partir de los elementos recogidos por la Comisión se aprueban una se­rie de reformas legales que se inscriben en una línea que se aleja de algunos buenos estándares alcanzados con el Código de la Niñez y la Ado­lescencia del año 2004. El efecto entre el paquete de leyes aprobadas destacamos la ley 18777 del año 2011. Ella crea un registro de antecedentes para los adolescen­tes que cometen determinados delitos, aumenta el plazo para dictar sentencia en algunas situa­ciones y crea una nueva figura penal, la tentativa de hurto, que se castigará con pena no privativa de libertad. La nueva ley reformó también el margen temporal para la aplicación de medidas cautelares, en particular la detención preventi­va, llevándolas de 60 a 90 días. Así también las señales que se dan en la línea de reforzar el enfo­que punitivo se corona con la penalización de la tentativa de hurto, contrariando lo pautado in­cluso por la Convención sobre los Derechos del Niño, en especial su artículo 40.3.b, que indica: «Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para promover el establecimiento de leyes, procedimientos, autoridades e Institu­ciones específicos para los niños de quienes se 20. Comisión especial para el análisis de la legislación relativa a los temas de seguridad pública y en especial la de los adolescentes en conflicto con la ley penal creada el 24 de noviembre de 2010. 24