cultivos de uso ilícito. Para ello se pueden continuar reportando a la comuni­dad internacional estos resultados operacionales. En paralelo, el Estado debe complementar estos indicadores y construir otros que le permitan contar con un sistema de monitoreo robusto, diseñar acciones idóneas para las dinámi­cas del narcotráfico en los territorios y revisar periódicamente la política, sus programas y sus acciones. → La estrategia para reducir los impactos del narcotráfico en el país requiere de la articulación y planeación estratégica conjunta entre la política de drogas y la de seguridad. La transformación territorial depende de la construcción de Estado, que se puede desarrollar mediante la implementación de una estra­tegia focalizada que avance en la presencia de todos los sectores del gobier­no, pero especialmente de las garantías de seguridad y el desarrollo econó­mico y social. → Para definir el alcance posible de los objetivos a corto, mediano y largo pla­zo, es obligatorio contar con un diagnóstico de las capacidades instituciona­les existentes, así como con metas realistas, que correspondan a la capaci­dad y que incluyan su fortalecimiento a la luz de los objetivos. En paralelo, el Estado debe planear y avanzar en la construcción de capacidades que permi­tan avanzar en sus objetivos a largo plazo. → Es necesario ahondar en la relación entre el narcotráfico y otras economías ilegales para determinar al menos dos asuntos: 1) la pertinencia y eficacia de abordarlos en conjunto en los territorios en donde sea necesario y definir las necesidades institucionales para este fin; y 2) el efecto que ha tenido la inefi ­cacia de las políticas de drogas en la consolidación de otras economías ilega­les en los territorios afectados por el narcotráfico. → La posibilidad de extraer ilegalmente rentas de los territorios ha creado eco­sistemas criminales que hacen necesario el diseño e implementación de estra­tegias territoriales que aborden el narcotráfico y demás economías ilegales en su conjunto, cuando sea pertinente, para reducir los impactos de las econo­mías ilegales y el accionar de los grupos criminales en los territorios. Limitaciones del Estado colombiano frente al narcotráfico 127