Este periodo se extendió hasta comienzos del siglo veintiuno y tuvo su pun­to de mayor expansión entre los años setenta y ochenta. Los principales actores fueron las insurgencias mencionadas, las agencias de seguridad del Estado y, desde finales de los setenta, las estructuras paramilitares vinculadas al aparato estatal y al empresariado rural. Según Gutiérrez Sanín, fue una guerra insurgen­te/contrainsurgente marcada por la coexistencia de proyectos políticos e ideoló­gicos y por la progresiva articulación entre guerra y economías ilícitas, especial­mente el narcotráfico, que se convirtió en el“combustible” del conflicto entra ­dos los años ochenta(Gutiérrez Sanín, 2025). La Comisión de la Verdad(Comisión de la Verdad, 2022) complementa que durante los años ochenta la violencia se concentró en regiones como Urabá, el sur de Bolívar, el Catatumbo y el Pacífico, donde guerrillas, paramilitares y nar­cotraficantes se disputaron el control de economías ilegales. Este ciclo estuvo caracterizado por la expansión de la guerra sucia, la persecución a movimientos sociales y el inicio de los procesos de paz del presidente Belisario Betancur (1982-1986), que intentaron canalizar institucionalmente las demandas de de ­mocratización de un sistema político cerrado. 2.2.1 Décadas de 1980 y 1990: apertura democrática y aprendizajes iniciales Con la política de paz del presidente Betancur y la elección popular de alcaldes surgieron los primeros análisis académicos sobre negociación. Bejarano(1990) y Valencia(1990) resaltaron los incentivos democráticos como vía de reinserción, pero advirtieron sobre los límites de un Estado débil. Chernick(1996) señaló la apertura política como condición necesaria, mientras que Pécaut(2000) subra ­yó la proliferación de violencias –paramilitares, narcotráfico y guerrillas– que dificultaban acuerdos sostenibles(Comisión de la Verdad, 2022). La Comisión de Estudios sobre la Violencia, editoriales como el Cerec (Centro de Estudios de la Realidad Colombiana) y centros de investigación como el Cinep(Centro de Investigación y Educación Popular) documentaron los procesos con el M-19, el Ejército Popular de Liberación, el Partido Revolu ­cionario de los Trabajadores, la Corriente de Renovación Socialista y el Movi­miento Armado Quintín Lame, destacando la importancia de la Constitución de 1991 y las garantías de participación política. Pero también aquí se observa la lógica de continuidad: mientras unas guerrillas se desmovilizaban, otras se rearmaban, inaugurando la trayectoria de las disidencias como fenómeno re­currente. Reciclajes y mutaciones de la violencia en Colombia 167