mente en adaptarse a los paquetes de reivindicaciones 6 del momento. El Estado siempre ha usado los procesos de paz y negociación para revivir la promesa de un Estado local y territorial que provea bienestar y seguridad en regiones apar­tadas. Nunca lo ha logrado. Estamos, por tanto, en un momento de transición entre ciclos en el que, gra­cias a una mayor capacidad de medición y registro, emergen evidencias que an­tes permanecían invisibles. Hoy contamos con series estadísticas más finas que permiten observar variaciones municipales y veredales de la violencia; con ge ­nealogías que trazan la continuidad de mandos, redes y repertorios entre gru­pos disidentes y posdesmovilizados; con sentencias judiciales que documentan los incentivos públicos y privados que facilitaron despojos y alianzas locales; y con información más precisa sobre patrones de violencia selectiva –como asesi­natos de líderes sociales y extorsión sistemática– y sobre la diversificación de economías criminales más allá de la coca, incluyendo la minería ilegal, el con­trabando y el control de pasos fronterizos. A ello se suma una evidencia cre­ciente sobre el papel de los grupos armados en la provisión de gobernanza lo­cal y en la regulación de mercados y comunidades. En conjunto, estas nuevas formas de observación permiten comprender con mayor claridad los mecanis­mos de adaptación y persistencia del capital armado en el actual ciclo. Esa persistencia, sin embargo, y como se ha dicho, no depende solo de la capacidad de recomposición de los grupos, sino también de la manera en que el Estado ha respondido históricamente. Hasta el segundo ciclo de violencia, la acción estatal siguió un patrón reconocible: la combinación, con distintos gra­dos de éxito, de ofensivas militares y procesos de negociación. Esta estrategia respondía a una lógica recurrente en la que la violencia ejercida por actores ar­mados estatales y no estatales tendía a disminuir cuando ambas vías se articu­laban, aunque con resultados dispares y siempre condicionados por las capaci­dades institucionales y las dinámicas territoriales(Trejos, 2025). En contraste, los dos gobiernos con los que inicia el tercer ciclo de violencia –Iván Duque(2018-2022) y Gustavo Petro(2022-)– rompieron cada uno esa tra ­dición. El presidente Duque suspendió todo tipo de negociación con grupos ar­mados no estatales y basó su estrategia exclusivamente en la persecución mili­tar, sin resultados significativos: en 2019, las disidencias de las Farc contaban con cerca de 1.200 hombres en armas y en 2022 la cantidad rozaba los 8.000; el 6 Llamo paquete de reivindicaciones al repertorio de demandas sociales, económicas o políticas con el que un grupo justifica su existencia, recluta y mantiene apoyo. Reciclajes y mutaciones de la violencia en Colombia 181