propias. En todos los casos, lo que prima es el capital armado que cada grupo había acumulado en su territorio, y el arreglo organizativo resulta de la interac­ción de esos capitales. De allí que el centro de gravedad de cada organización sea sumamente distinto y que el sistema armado colombiano adopte hoy una forma esencialmente multipolar antes que fragmentada. . ¿Bala o negociación? Mejor descapitalización La historia reciente demuestra que el dilema entre bala o negociación es, en realidad, un falso dilema. Ninguno de los dos caminos, por sí solo, ha sido ca­paz de contener la continuidad del conflicto armado en Colombia. Las ofensi­vas militares más intensas no han eliminado las redes ni las trayectorias acu­muladas, y las negociaciones más ambiciosas tampoco han desmontado los in­centivos que alimentan la recomposición. Lo que sobrevive, lo que se transmite de un ciclo a otro, es un capital armado que reduce los costos de recomenzar y acelera el rearme de las estructuras. La experiencia de la paz total confirma esta premisa. Su fracaso no solo mostró los límites de una estrategia que intentó simultáneamente múltiples mesas sin capacidad estatal suficiente, sino que significó además la pérdida de una ventana de oportunidad que difícilmente se repetirá a corto plazo. Al me­nos por los próximos ocho años, el escenario más probable es el de una ausen­cia de negociaciones estructuradas, en la que los grupos armados incrementen su presión para forzar al Estado a sentarse de nuevo, mientras este oscila entre contener militarmente, someter judicialmente y, al mismo tiempo, gobernar. De ahí que la paz duradera no pueda reducirse a la pregunta sobre si nego­ciar o disparar. Lo que se requiere es una estrategia sostenida de descapitaliza­ción del poder armado. La negociación puede ser una condición necesaria para desescalar la violencia y abrir la puerta a acuerdos, pero sus alcances son limi­tados si se confunde con la construcción de Estado. Separar ambas funciones es indispensable: la mesa debe concentrarse en ceses, desarme, justicia y ga­rantías; la construcción estatal territorial debe avanzar con autonomía, garanti ­zando participación ciudadana, oferta pública y seguridad cotidiana. Cuando se delega en un actor armado el rol de mediador social o administrador de recur­sos, se refuerza el capital que se busca desmontar. De cara al próximo ciclo, la política pública debe asumir que el tiempo de las mesas amplias ha pasado, al menos por un periodo. Negociar sí, pero solo cuando existan condiciones, y siempre acompañado de un plan a largo plazo para erosionar las bases materiales y relacionales del poder armado. Ello supone 202 Friedrich-Ebert-Stiftung e. V.