Estos datos constituyen señales de alerta frente a la capacidad del Estado colombiano para enfrentar desafíos provenientes de actores armados ilegales que, cada vez más, se alejan de motivaciones políticas y se consolidan como estructuras criminales. Estos grupos no solo confrontan al Estado, sino que también sostienen disputas entre sí por el control de rentas ilegales y territorios estratégicos 2 . En este escenario, la inseguridad se posiciona como un eje central en la agenda del último año de gobierno y en la campaña presidencial que se aveci­na. Ello reabre el debate sobre las reformas necesarias en el sector seguridad y defensa para abordar los problemas estructurales que lo afectan. Aunque varias propuestas de reforma fueron planteadas por el entonces candidato Petro e in­cluidas en el Plan nacional de desarrollo, es evidente que, a estas alturas del mandato, dichas acciones no serán implementadas. El sector seguridad y defensa se concibe aquí como el conjunto institucional de normas, entidades, responsabilidades y herramientas de política pública que se ha configurado desde los años noventa, principalmente bajo la premisa del control civil. Esta noción ha entrado en crisis tras el nombramiento del general retirado Pedro Sánchez, de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, como segundo ministro de Defensa del presidente Petro, hecho que no ocurría desde la desig­nación de Rafael Pardo en el gobierno de César Gaviria(1990-1994). La arqui ­tectura institucional vigente fue precisamente construida a partir de ese mo­mento histórico. Intentos previos de reforma han fracasado por razones políticas y técnicas que dificultan su diseño e implementación. Por ello, es crucial identificar los puntos de mayor disenso y a la vez los mayores retos, como detonantes de po­sibles cambios que deberán enfrentar los próximos gobiernos. Se señala que son retos de los siguientes gobiernos en la medida en que las condiciones de esta problemática de política pública son lo suficientemente complejas como para ameritar una intervención del Estado a partir de la agenda de reforma que aquí se señala. Pero eso no garantiza la real intervención del Estado, ya que la historia del país ha demostrado que, pese a la gravedad de los problemas y la urgencia de las reformas, la decisión política no necesariamente se concreta en ese sentido o, a pesar de concretarse y enunciarse, no logra hacerse efectiva e 2 En cuanto a indicadores de operatividad, entre enero y septiembre de 2025 las capturas en Colombia aumenta­ron 1,3% comparado con los mismos meses de 2024. De la misma forma, la incautación de armas aumentó 4,7%, las acciones de la fuerza pública(ofensiva del Estado) 56,8% y la incautación de estupefacientes 6,7%. 208 Friedrich-Ebert-Stiftung e. V.