ausencia de resultados del actual– impide tener una visión clara del estado del sector. Por ello, se requiere una caracterización técnica y pública de línea base que permita conocer, al cierre del gobierno Petro, el estado real de las capacida­des del sector y su nivel de obsolescencia, con miras a las próximas décadas. Sin esta línea base será imposible estimar el costo de las reformas necesarias y establecer prioridades de inversión. Solo con esta información será posible avanzar hacia una transformación efectiva del sector que responda a los cinco retos que se presentan a continuación. . ¿Qué sector necesita el país? En Colombia, el concepto de“sector seguridad y defensa” suele asociarse de manera directa con el Ministerio de Defensa. No obstante, desde una perspecti­va más amplia, las funciones del Ejecutivo en esta materia se distribuyen entre diversas entidades gubernamentales. Aunque el Ministerio de Defensa concen­tra una parte significativa –probablemente la mayor– de estas funciones, tam­bién existen responsabilidades en el Ministerio del Interior(por medio del Fon­do Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, Fonsecon), el Ministerio de Justicia y del Derecho(en lo relativo al sistema penitenciario, la coordinación de la política de drogas y la justicia local) y el Departamento Nacional de Pla­neación( DNP ), que participa en el seguimiento y evaluación de políticas públi­cas centrales, como los capítulos de seguridad en el Plan nacional de desarrollo y las políticas sectoriales definidas cada cuatrienio. Adicionalmente, existen entidades que operan de forma“coordinada” pero fuera de la estructura ministerial, tales como la Dirección Nacional de Inteligen­cia( DNI ), la Unidad Nacional de Protección( UNP ) y la Fiscalía General de la Nación 4 , las cuales también inciden en el diseño y ejecución de políticas de se­guridad y defensa. La configuración institucional del sector ha sido objeto de múltiples deba­tes, especialmente en torno al grado de segmentación o dispersión que debe te­ner el ciclo de políticas públicas, desde la prevención del delito hasta la resocia­lización de personas privadas de la libertad. Las propuestas han incluido la creación de un Ministerio de Seguridad Ciudadana –mediante la escisión del actual Ministerio de Defensa–, la transformación del Ministerio de Justicia en una cartera más robusta que incorpore asuntos de seguridad, y reformas pun­4 En Colombia la Fiscalía hace parte de la Rama Judicial. 210 Friedrich-Ebert-Stiftung e. V.