América Latina, implica aceptar que las condiciones que justificaban la adscrip­ción de la Policía al Ministerio de Defensa han cambiado. Ahí radica la diferen­cia entre quienes consideran que aún no ha llegado el momento para ese cam­bio ministerial, y quienes creen que justamente ahora es el momento adecuado para hacerlo. Por ello, es fundamental que la ubicación de la Policía no se trate como un asunto aislado sino como un componente central de cualquier reforma estruc­tural del sector seguridad y defensa, que preserve el equilibrio de capacidades y responsabilidades entre las distintas fuerzas. 4. ¿Cómo rehacer el acuerdo de gobierno multinivel? Además de los elementos de reforma del Ejecutivo nacional, incluida la Policía Nacional, el sector de seguridad tiene un despliegue territorial que implica un equilibrio de responsabilidades con gobernaciones y alcaldías. El Sistema Na­cional de Gestión de la Seguridad se consolidó y complementó a partir de la descentralización, asignando a gobernadores y alcaldes responsabilidades clave en materia de seguridad local. Sin embargo, este modelo ha demostrado limita­ciones importantes frente a los desafíos actuales, evidenciando incluso cierto nivel de obsolescencia e incapacidad para generar resultados acordes con la magnitud de los problemas. La distribución de competencias, funciones y recursos se basó en la premisa de que el fortalecimiento de los gobiernos locales permitiría una respuesta más eficiente y efectiva a los problemas de seguridad. Bajo esta lógica, se crearon instrumentos como los Planes integrales de seguridad y convivencia, los Conse­jos de Seguridad, los Comités Territoriales de Orden Público y los Fondos de Se­guridad Territorial(Fonset), que debían servir como soporte estratégico y finan­ciero para articular a las autoridades locales con las entidades nacionales de seguridad y justicia presentes en sus territorios. Reformar el sector de seguridad y defensa implica también replantear el acuerdo territorial entre el nivel nacional y las autoridades locales, ajustando el reparto de competencias y recursos para garantizar capacidades efectivas en cada nivel. Esto requiere una priorización de los retos según las características y necesidades de cada territorio. La Misión de Descentralización y la nueva ley de competencias –que refor­ma el Sistema General de Participaciones– abren una ventana de oportunidad para reequilibrar cargas y responsabilidades. Aunque este proceso ya ha comen­Los retos de la reforma del sector seguridad y defensa en Colombia 215