el territorio para identificar retos, priorizarlos y acordar intervenciones con­juntas. El objetivo del plan no es simplemente consignar un diagnóstico detallado de los problemas de seguridad de un ente territorial, sino priorizar lo más re­levante a partir de ese diagnóstico. Tampoco se trata de un documento que enumere las tareas cotidianas de cada institución; su propósito es promover intervenciones conjuntas sobre el problema priorizado, basadas en una re­flexión sobre las capacidades disponibles y en cómo dicha intervención inci­de efectivamente en la transformación del problema. → Las competencias requieren recursos. En el sistema de gestión local de seguri­dad y convivencia se crearon instancias(como los consejos de seguridad) y planes(como los PISCC ), que debían estar respaldados por el músculo finan­ciero de los Fondos de Seguridad Territorial(Fonset). Estos fondos se nutren de una contribución especial equivalente al 5% del total de los contratos de obra pública en cada municipio y departamento. Actualmente, la situación de la mayoría de estos fondos es precaria –espe­cialmente en municipios de categorías 4, 5 y 6– e incluso insuficiente en en ­tidades territoriales con mayor capacidad. Por tanto, se trata de un sistema desfinanciado que requiere nuevas fuentes y que ha quedado corto para cumplir con su objetivo, ya que los recursos se han destinado principalmente a cubrir los costos básicos de funcionamiento, en detrimento de la inversión y del verdadero fortalecimiento de capacidades. Puede afirmarse que lo que deberían ser recursos complementarios entre la Nación, las gobernaciones y las alcaldías, hoy operan bajo criterios de distri­bución poco claros. Para ilustrarlo con un ejemplo sencillo: actualmente el nivel central y todos los entes territoriales pagan el combustible para las fuerzas en acuerdos muy informales, cuando deberían existir reglas claras de distribución de competencias que permitan un gasto más eficiente y transpa­rente en todos los niveles. . ¿De dónde salen los recursos? La capacidad financiera no es solo un asunto de los gobiernos locales, como se ha visto. El sector seguridad y defensa en el Ejecutivo nacional enfrenta una presión financiera considerable, derivada de sus altos costos de funcionamiento, espe­cialmente en lo relacionado con personal y operación logística. A esto se suma Los retos de la reforma del sector seguridad y defensa en Colombia 217