ron a un 30%. Para enfrentar la crisis, se inició, en 1984, una re-estructuración de la política económica que pone mayor énfasis en la profundización de los procesos de privatización, apertura económica y flexibilización del mercado de trabajo. Como resultado, el crecimiento del PIB volvió a repuntar hasta alcanzar un 7,3% en 1988. En l989 cambia el régimen político, se recu­pera la democracia y se inicia un largo pe­ríodo de gobiernos de centro-izquierda, la Concertación de Partidos por la Democra­cia. El desafío de los gobiernos de la Concertación, junto con mantener las altas tasas de crecimiento era mejorar la equidad en la distribución de los resultados del mo­delo. En el campo laboral, ello significaba asegurar bajas tasas de desempleo, mejorar los mecanismos de protección social, mejo­rar el nivel de formación de la mano de obra y fortalecer el cumplimiento de los derechos laborales, colectivos e individuales. Hasta 1998, la economía chilena mostró re­sultados sobresalientes a escala internacio­nal. Se mantuvieron tasas de crecimiento promedio vecinas al 7% durante 8 años, bas­tante por encima del nivel de América Lati­na en el mismo período que fue de un 3,3%, crecieron las exportaciones en casi un 10% anual, se alcanzó una tasa de inversión de 28% promedio, y una tasa de ahorro nacional superior al 20%. Es una fase de expansión con una baja desocupación y con aumento sostenido de las remuneraciones reales. Entre 1990 y 1999 se reduce la tasa de des­empleo a un promedio de 6,3%, se elevan los salarios reales en un 41,6%, y disminu­ye el porcentaje de la población en situación de pobreza de un 39%(5 millones de perso­nas) a un 22%(3,2 millones), todo ello sin alterar el modelo económico y en un esce­nario de estabilidad política. Durante 1998 y 1999 el país se ve afectado por la crisis asiática, produciéndose una caí­da de la actividad económica poniendo en evidencia la vulnerabilidad del modelo exportador. A partir de la constatación de que las altas tasas de desempleo no logran ser reducidas pese al proceso reactivador que se inicia a mediados del 2000. De ahí la importancia de analizar cuáles son las principales características de la estructu­ra y funcionamiento de dicho mercado du­rante la década de los noventa, y cuáles han sido las principales políticas públicas de empleo. Este es un tema de alta relevancia tanto por el proceso de crisis y reactivación sin generación de empleo que ha enfrentado la economía chilena en los últimos años, como por la relevancia de establecer patro­nes comparativos con los mercados labora­les de otros países vecinos(MERCOSUR), con miras a avanzar hacia procesos crecien­tes de mayor integración regional. 2. Crecimiento económico sin creación de empleo Si entre 1989 y 1997, el crecimiento prome­dio de la economía chilena fue de 7,5% anual, en 1998 alcanza sólo un 3,9% y en 1999 él se contrae en un 1,1%. El año 2000 muestra un crecimiento de un 5,4% y la expectativa para el 2001 está proyectada entre un 4,0% y un 4,5%. En definitiva se alcanzó un crecimien­to del 2,99. Dichas tasas son superiores al pro­medio de crecimiento de la economía mun­dial pero no dejan contentos a los chilenos. Es que ellas esconden un panorama social inquietante: existe una fuerza de trabajo des­ocupada de unas 600.000 mil personas con lo cual la tasa de desocupación se acerca peligrosamente a los dos dígitos. Y la pobre­za extrema, si bien no ha aumentado con la crisis, afecta todavía a tres millones de perso­nas, de una población total de 16 millones. Situación que debe ser enfrentada por un nuevo Gobierno, con un presidente socialis­ta. Las primeras medidas buscan aliviar una situación que se piensa es coyuntural, tran­sitoria, propia de una caída del ciclo de acti­vidad. Pero al segundo año de crisis comien­za a admitirse la posibilidad de que se trate de un fenómeno estructural. El gobierno debe sustituir al sector privado y enfrentar la situación mediante la creación de empleos públicos y subsidios a la contratación. Con la crisis se produce un cambio de eje. Si bien es posible retomar tasas de crecimien­to razonables de acuerdo a los estándares 6