3. Los Temas Centrales de la Agenda Laboral del Último Decenio Hasta aquí los indicadores han mostrado la relación unívoca –aunque compleja y multidimensional-, que se estableció en el caso de Argentina entre las exigencias del modelo económico y los nuevos problemas de desocupación, subempleo y exclusión surgidos durante la última década. Ahora bien, más allá de que el propio mo­delo económico haya contribuido en forma estructural al deterioro de las condiciones ocupacionales, los diferente programas de Gobierno no quedaron al margen del proce­so de definición del problema. En este sentido, cabe entender los cambios institucionales operados en el mercado de trabajo y en las relaciones laborales en el caso argentino no sólo como resultado de una finalidad política específica, sino como la consecuencia del particular accionar de los agentes económicos, políticos y sociales. La intervención del Gobierno Justicialista en materia de política laboral procuró en todo momento mantener –no sin resistencias in­ternas y algunas dudas iniciales- un diagnós­tico coherente con la estrategia seguida por el programa económico, acompañando de esta manera la corriente“liberal” dominan­te en los ámbitos empresarios, políticos y profesionales ligados a los mercados de ca­pitales. La forma que asumió la definición del pro­blema en la agenda se fue modelando pre­sionada por los cambios en la coyuntura eco­nómica y política, pero también a la par que crecía la necesidad de financiamiento exter­no por parte del Estado nacional y, por lo tanto, también la fuerza gravitacional de los organismos internacionales de crédito sobre las reformas estructurales. Estos factores, condicionaron la resolución de las pujas de poder entre organizaciones empresarias, organizaciones sindicales, y las distintas orientaciones dentro de la propia instancia gubernamental. De manera que la política de reforma laboral quedó básicamen­te subordinada, por una parte, a los resulta­dos objetivos que ésta podía ofrecer a los intereses del Gobierno, a la luz de la opi­nión pública; y por otra parte, a los límites, demandas y estrategias –económicas o polí­ticas- del programa económico y sus defen­sores. En tal sentido resulta coherente que el dis­curso del“establishment” sobre la proble­mática del empleo fuera cambiando en los años noventa. Tales problemas dejaron de ser males“transitorios” propios de todo proce­so de modernización; para convertirse en el resultado“lógico” de un mercado“hiper-re­gulado” afectado por la inflexibilidad de los salarios a la baja, los altos costos laborales y la presión sindical. En este marco, la flexibilización de los contratos y los despi­dos, la descentralización de los convenios colectivos y la neutralización de las resis­tencias de los trabajadores se constituyeron –desde el argumento liberal- en medidas “necesarias” para el éxito del programa eco­nómico. Acompañando ese enfoque, el programa ofi­cial sostenía que las reformas estructurales en materia laboral debían apuntar a una ma­yor“flexibilización” del mercado de traba­jo en función de favorecer el aumento de la productividad general de la economía y lo­grar efectos positivos en materia de empleo en el largo plazo(Caro Figueroa, 1998). El éxito inicial del plan de estabilización per­mitió instalar este argumento con relativo consenso en la opinión pública. De esta manera, cabe destacar la continui­dad a lo largo de la década de un diagnósti­co oficial en cuanto a los problemas labora­les que se fueron presentando durante este período. El mismo puede resumirse en los siguientes argumentos: · Los problemas de empleo en Argentina no surgieron con las reformas sino que las reformas los hicieron evidentes: Du­rante las décadas previas a los noventa, las regulaciones y controles institucionales generaron altos costos laborales y fuertes ineficiencias en el fun­60