Frente a ambos ejes estratégicos, resulta fun­damental forjar una nueva institucionalidad social capaz de descentralizar y hacer trans­parente y participativa toda decisión públi­ca de intervención. Por otra parte, ambos criterios de interven­ción exigen un repertorio variado de estra­tegias, programas y acciones que, orienta­dos a contextos y sectores específicos y con objetivos particulares constituyen una nue­va Política de Empleo. Esta política se encuadra plenamente con aspectos destacados de la Agenda laboral que propone la Memoria de la OIT para Améri­ca Latina y el Caribe para esta década. Estas acciones pueden ser clasificadas en cinco líneas estratégicas: a) Asistir a la población desocupada en si­tuación de extrema pobreza a través de una red de contención social contra la exclusión basada en el desarrollo de pla­nes de empleo que garantizan ingresos laborales transitorios, convocan a la acu­mulación de capital social y generan un servicio o inversión comunitaria o en in­fraestructura productiva local. b) Apoyar y asistir en forma directa la for­mación y/o desarrollo de autoempleos, emprendimientos y empresas informales como alternativas de reinserción laboral productiva y fomento al desarrollo eco­nómico local, con impacto sobre econo­mías regionales y tendientes a su moder­nización e inserción en mercados com­petitivos, focalizando transferencias de recursos y asistencia técnica hacia aque­llos sectores desocupados de bajos ingre­sos. c) Brindar contención contra la precarización del empleo y la caída en la pobreza de sectores asalariados forma­les despedidos, con cotización en la Se­guridad Social, a partir de lo cual apoyar la búsqueda de empleo, la capacitación laboral y la reinserción laboral en condi­ciones más favorables: Sistema Integra­do de Prestaciones por Desempleo. d) Promover y asistir al desarrollo y forta­lecimiento institucional a nivel local con el objeto de movilizar, potenciar y comprometer a los equipos técnicos y actores sociales y económicos regiona­les en la tarea de definir, planificar y asig­nar estrategias productivas y sociales, con el mejor uso posible de los recursos dis­ponibles. e) Formación y acumulación de capital so­cial y humano en sectores desocupados excluidos o vulnerables, a partir de crear mejores condiciones y oportunidades de acceso a un empleo asalariado y/o a la formación de micro empresas, empresas familiares, cooperativas e, incluso, sos­tener y reconvertir unidades minifundistas de baja productividad. APÉNDICE I PROGRAMAS ACTIVOS DE EMPLEO TRANSITORIO PIT – Programa Intensivo de Trabajo: Estu­vo destinado a la inserción laboral de traba­jadores desocupados de larga duración, pre­ferentemente jefes de hogar, con calificacio­nes obsoletas e inscriptos en la Red de Ser­vicios de Empleo, para la realización de obras y tareas de utilidad pública y social. A partir de la declaración de la emergencia ocupacional, que habilitaba a los gobiernos provinciales a utilizar las modalidades pro­movidas de la Ley Nacional de Empleo se firmaban convenios marco con el gobierno provincial donde se determinaba la ejecu­ción del PIT y la asignación presupuestaria por provincia. El Fondo Nacional de Em­pleo se hacía cargo de los sueldos y cargas sociales de los trabajadores contratados por Organizaciones No Gubernamentales. PROAS – Programa de Asistencia Solida­ria.(1994-1995) Este programa, de ejecu­ción conjunta entre el MTSS y la Secretaría de Desarrollo Social de la Presidencia de la Nación, se destinó a brindar entrenamiento 82