Así por ejemplo,(Sánchez, 2000), enfatiza que la participación es en sí misma un hecho social y que carece de sentido tipificarla en este sentido. De igual forma, los colectivos organizados que buscan reivindicaciones sociales o económicas particulares y reducidas a ámbitos físicos específicos, pueden tener una dimensión política,“… las tres formas de participación son participación política, en la medida que se entienda lo político … como relacionado con la manera como se concibe la sociedad, los seres sociales y las relaciones entre ellos, en otras palabras, con los valores que se formulen y con los procedimientos que se adopten para su aceptación.”(Sánchez, 2000) Es por ello que más recientemente se ha hecho énfasis en la utilidad de superar tal tipificación, dada su escasa contribución a un enfoque integral del hecho participativo. La propia Cunill, señala al respecto que“... es importante anotar que si retomamos el concepto de la participación ciudadana en su doble dimensión(social, además de política), la perspectiva de análisis se amplía al punto que es posible que no se puedan establecer diferencias muy claras con los fenómenos de la participación social o popular y, eventualmente comunitaria.”(Idem) Según el enfoque conceptual A pesar de los consensos que puedan estar construyéndose en la actualidad en torno a la concepción de participación, es indudable que se deslindaron dos visiones de la misma que subyacen en algunas prácticas institucionales y comunitarias. De acuerdo a sus elementos característicos pueden ser calificados como enfoque instrumental y enfoque principista. El enfoque instrumental(o la participación como medio para): Esta visión parte de entender la participación como un medio para alcanzar resultados, resolver problemas o legitimar la acción de gobierno. Desde esta postura se corre el riesgo de hacer prescindible la incorporación de estrategias participativas, en tanto se pueda entender como de hecho ha ocurrido-, que en momentos determinados, la participación obstaculiza el logro de resultados en el corto plazo. El enfoque principista(o la participación como fin en sí misma): se parte de entender la participación como un derecho del ser humano y por tanto, un asunto que lo dignifica y le permite su plena realización. Además, la participación conlleva deberes. López(1.999), la define de la siguiente forma:“... participar, cualquiera que sea su ámbito, es un modo de ser persona. La participación es, en consecuencia, un derecho y un deber inherentes al ser humano. No es una posibilidad que debemos aprovechar cuando nos la dan, pues no hay nadie con derecho para privar o despojar a otros de un derecho y de un deber constitutivo del modo humano de vivir.” Desde esta concepción, la participación adquiere la condición de imperativo ético y un valor, por tanto imprescindible e innegociable que, sin negar la importancia de obtener resultados concretos, los trasciende. Estas visiones si bien no son excluyentes y seguramente tienen un punto de encuentro, han venido siendo interpretadas en un sentido irreconciliable. Campos semánticos de la participación Las tendencias que se han ido desarrollando en el estudio y práctica de la participación han forjado un entramado conceptual, de una gran riqueza de contenidos y significaciones. La participación entonces es percibida y asociada a una serie de factores y condiciones que determinan una lectura e interpretación particular para cada una de las situaciones. En el afán de organizar estos contenidos hemos diferenciado tres campos semánticos en los cuales fluyen las diversas atribuciones de la participación: ! a) Un primer campo semántico está asociado con la palabra clave desarrollo. Cuando la participación está interpretada en este campo está referida a la realización de proyectos y programas que pretenden el desarrollo humano y social. Entra de esta manera en el mundo de la gerencia social y se asocia con una serie de contenidos como la eficiencia, la gestión local, la sostenibilidad. En los distintos planes de desarrollo de los países y en la ejecución de sus programas durante mucho tiempo se obvió la necesidad de contar con la participación de los propios usuarios o beneficiarios de los mismos. Pero poco a poco, y gracias a experiencias comunitarias exitosas, se fueron descubriendo las ventajas que significaba la incorporación activa de las personas en los proyectos y programas de carácter social. De esta manera, se reconoce que los diagnósticos son más acertados, que los conflictos de intereses pueden ser trabajados y que el mantenimiento y potencialidades de los logros se efectúa si las personas se involucran en los proyectos y planes, obteniendo al final una mayor eficiencia de la acción gubernamental. Por otra parte, al aceptar la participación y protagonismo de la gente se tuvo la convicción de contar con aliados para el control y vigilancia de la gestión y conseguir así la eficiencia y el uso apropiado de los recursos. Igualmente, se ha ido determinando que el papel activo de las comunidades tiene un alcance mayor en términos de apuntalar los procesos de descentralización y poder local, de conseguir una mayor equidad social y sociedades más democráticas.