l Wolf Grabendorff xxi están capacitadas para las diversas acciones necesarias para salvaguardar la gobernabilidad, o si realmente quieren participar en todas estas tareas, espe­cialmente en el área de seguridad pública. En todos los países, a menudo tras un cambio de gobierno, debe sopesarse el papel de las Fuerzas Armadas, tanto en el plano político como en el constitucional. Varios capítulos del presente volumen abordan esta cuestión central. L a ampliación de tareas de las F uerzas A rmadas como tensión adicional en la relación entre civiles y militares Ningún sistema político en América Latina ha encontrado hasta ahora una solución perfecta para las relaciones entre civiles y militares, si se dejan de lado a Costa Rica y Panamá, que han disuelto las Fuerzas Armadas pero deben recurrir a fuerzas policiales militarizadas en caso de incidentes fronterizos. Para los países que han sufrido dictaduras militares durante décadas, el con­trol de las Fuerzas Armadas en el Estado democrático ha sido algo primordial desde la década de 1990, tal como se resalta en varios capítulos del presente volumen. Ya desde principios de este siglo ha habido un cambio profundo en las tareas de las Fuerzas Armadas en la mayoría de los países, cambio que rara vez se encuentra estipulado en los textos constitucionales ni ha suscitado am­plios debates políticos o reformas administrativas. La capacidad de disuasión externa y el control territorial interno han sido tradicionalmente las tareas centrales de las Fuerzas Armadas. En la región, la mayor parte de los conflic­tos fronterizos y la lucha contra las guerrillas ha dejado de existir. Los milita­res de la región siempre se han autopercibido como quienes deben defender la soberanía en el plano interno y frente a otros países. Obviamente, en el curso de la globalización América Latina ha sufrido una pérdida considerable de soberanía. Desde hace ya mucho tiempo, y como mínimo desde la masiva extensión del crimen organizado, algunos estados son incapaces de controlar su propio territorio. Además, el monopolio estatal de la fuerza –así como el monopolio fiscal– nunca se pudo hacer cumplir en muchas de las frágiles democracias