l 8 Militarización con respaldo popular. La transición militar en México, 2000-2020 aprobara una ley de seguridad interior el 21 de diciembre de 2017. Esta ley fue promovida por la SEDENA para dar fuero a los miembros de las Fuerzas Armadas( DOF , 2017). En el lenguaje de la propia ley, la Cámara de Diputados redactó esta ley para dar“certidumbre legal” a los militares para enfrentar al crimen organizado y participar en la seguridad pública del país. Sin embar­go, en noviembre de 2018 la Suprema Corte de Justicia señaló que la ley era anticonstitucional. L a guerra al narcotráfico : 2007 ­2020 Con la Iniciativa Mérida, diseñada en 2007 e implementada desde 2008, la doctrina nacionalista de resolver los conflictos con recursos propios sufrió una gran modificación, para recibir la asistencia de Estados Unidos desde 2008. Por lo anterior, se consolidó la transición de un modelo de seguridad nacionalista en México, a uno nuevo de seguridad interdependiente entre Mé­xico y Estados Unidos, que inició con acercamientos militares desde 1996 (Deare, 2017, p. xvi). Con un monto total de asistencia de 3.035 millones de dólares entre 2008 y 2020, se transfirió gran cantidad de equipo militar; se edificó un nuevo sistema de inteligencia en la Secretaría de Marina, la Unidad de Inteligencia Naval(fundada el 1 de febrero de 2008), para dar seguimiento a los líderes criminales como Joaquín el Chapo Guzmán( SEMAR , 2018); se fortalecieron las fuerzas especiales en las dos estructuras militares, envian­do a sus integrantes a escuelas militares del extranjero para entrenamiento, tanto a Estados Unidos como a países como Colombia, Guatemala, Perú y otros. En el Ejército se consolidó el Cuerpo de Fuerzas Especiales, compuesto de un Cuartel General, once batallones, cinco grupos anfibios y una Fuerza de Intervención Rápida, encuadrados en tres brigadas, además de un Grupo dependiente directamente del Alto Mando de la Secretaría de la Defensa Na­cional( SEDENA , 2018). En la SEMAR , se fortaleció la Infantería de Marina y sus grupos de intervención basados en el concepto de rápido despliegue( SEMAR , 2012). De igual manera, se intensificaron los programas de cooperación entre los sistemas de justicia para que el combate a los grupos criminales tuviera sustento legal, y se estrecharon lazos entre las instituciones de inteligencia de ambos países(Seelke, 2020).