l Raúl Benítez Manaut 27 del gobierno a lo largo de los últimos cien años. Sin embargo, al incremen­tarse paulatinamente la actividad de los institutos militares en sustitución de instituciones civiles, sin un control real parlamentario, y sin contar con sistemas de vigilancia social externos, es difícil erradicar las prácticas de co­rrupción y los problemas de derechos humanos solamente por el enunciado del presidente y los máximos jefes militares. La última encuesta de respaldo de la población hacia las Fuerzas Armadas realizada por Reforma sostiene que en mayo de 2020 el 78% de los mexicanos estaban a favor de que el Ejército y la Marina realizaran las labores de seguri­dad pública para los próximos cinco años( Reforma, 2020a). Esto no debe ser justificante para militarizar al país ni sus políticas de seguridad. A pesar de este respaldo masivo, en México existe una sociedad civil conformada por or­ganizaciones sociales, académicas, universitarias, la prensa, víctimas, empre­sarios y otros sectores, que se han opuesto a la militarización, a la mano dura, y a la carencia de estado de derecho en amplias regiones del país, sobre todo rurales. La principal demanda es que el estado de derecho esté vigente. Ello incluye que no se cometan violaciones a los derechos humanos por parte de los funcionarios gubernamentales, policías, del sistema de justicia y militares, y que se reconozcan sus actos cuando afecten a la población sin soporte legal. Una de las principales preocupaciones de esta sociedad civil organizada es que los grupos criminales no sean los que gestionen la vida pública, como si fueran Estados paralelos regionales en amplias zonas del país, dándose una especie de feudalismo criminal. Esto sucedió en los estados de Chiapas y Guerrero entre 1980 y el año 2000, donde las Fuerzas Armadas implementa­ron estrategias de contrainsurgencia(Cencos-Ciepac-Global Exchange, 2000, p. 137); en Michoacán por la ausencia del Estado y la presencia dominante de la Familia Michoacana y los Caballeros Templarios en la llamada región de Tierra Caliente(Zepeda, 2016); en Veracruz y Coahuila en los momentos del dominio de los Zetas; y ahora sucede en zonas de Jalisco y Guanajuato por la acción del cartel de Jalisco Nueva Generación. El Estado federal mexicano en vez de intentar recuperar estos territorios mediante acciones integrales económicas, sociales y de impartición de justicia, desplegó a las Fuerzas Armadas. En términos de capacidades de investigación