l 232 Relaciones cívico-militares en Chile Con la emergencia de la Covid-19 en marzo de 2020 la relación cívico-mi­litar en Chile transitó a una etapa distinta. A la crisis política y del régimen se añadió la crisis sanitaria, la que inició una crisis económica que profundizó la crisis social. Por esa razón, a pesar de las limitaciones que impuso la pan­demia, las movilizaciones sociales continuaron, aunque en una escala menor (Cruzat, 2020). La respuesta sanitaria y económica del gobierno fue amplia­mente criticada, originando una crisis política del gobierno que culminó en un cambio de gabinete en junio de 2020, luego de que el país alcanzara una de las tasas mundiales más altas de contagios y decesos. La respuesta sanitaria del gobierno incluyó nuevamente un alto grado de militarización. El discurso de Sebastián Piñera abordó la pandemia como una“guerra” y el virus como un“enemigo”( Página 12, 2020). El 18 de marzo de 2020 se decretó un estado de excepción constitucional de catástrofe y las Fuerzas Armadas fueron desplegadas para ejercer nuevamente funciones po­liciales(acatamiento de las restricciones y toque de queda), además de tareas sanitarias de emergencia(fabricación de ventiladores mecánicos) y distribu­ción de alimentos en los sectores populares más afectados por el desempleo. Desde entonces, las protestas sociales han sido controladas exclusivamente por la policía. B alance y desafíos Este capítulo resume la evolución de la relación cívico-militar chilena trein­ta años después de la transición de 1990, en el contexto del proceso políti­co general. El clivaje político fundamental del periodo 1990-2010 ha sido la tensión entre las instituciones impuestas por el régimen autoritario chileno (el modelo neoliberal, mecanismos constitucionales y legales contra mayo­ritarios y un régimen de seguridad nacional para vetar futuras reformas al acusaciones por eventuales abusos de DDHH ascendían a 8.510, pero solo 800 se han traducido en querellas. El gobierno, en tanto, ha presentado 1.914 acciones judiciales contra 3.274 personas acusadas de incendio, agresión a uniformados y, principalmente, desórdenes”(Weibel, 2020). Ver también González, 2019.