l 244 Un nuevo escenario para la defensa en Argentina de las fuerzas. Mientras que en el pasado las relaciones estaban fuertemente condicionadas por rígidos criterios de jerarquía militar, en los últimos años se fueron tornando más respetuosas y focalizadas en el aprendizaje y trabajo conjunto(Badaró, 2013). Desde 2003, en particular, se han implementado reformas normativas e institucionales dirigidas a“ civilinizar” a los militares (Derghougassian, 2011). Se avanzó sustancialmente en la agenda de género al permitir el acceso de la mujer al cuerpo de oficiales sin restricciones por es­pecialidad. La incorporación de la mujer ha tenido un efecto democratizador al alterar valores, ideas y representaciones muy arraigadas sobre la figura del militar(Frederic, 2013). E l gobierno de M auricio M acri La gestión del presidente Mauricio Macri(2015-2019) se caracterizó por la implementación de políticas que debilitaron el control civil y que se orien­taron a modificar el marco normativo de la defensa con el fin de habilitar la participación de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo. En relación a las primeras, cabe mencionar la sanción del decreto 721 de mayo de 2016. Esta norma sostenía que para“establecer procedimientos ági­les que permitan atender las cuestiones relacionadas con la gestión del perso­nal de las Fuerzas Armadas” y para“simplificar los circuitos administrativos, para dar respuesta a las necesidades del servicio de las Fuerzas Armadas”, el poder ejecutivo decidía“delegar” en los jefes de los Estados Mayores Genera­les de las Fuerzas Armadas numerosas facultades respecto de sus respectivas fuerzas(Presidencia de la Nación, 2016a). Esta norma modificaba el decreto 436 de 1984 firmado por el presidente Raúl Alfonsín(1983-1989), cuyo fin era limitar el poder de decisión de los jefes de las fuerzas sobre esos asuntos. Con el nuevo decreto las decisiones sobre pases, destinos o la contrata­ción de personal docente quedaban, entre muchas otras, en manos de los jefes de las fuerzas. El ministro de Defensa reducía su autoridad a las designacio­nes y retiros del personal militar superior y de los auditores correspondientes a cada fuerza. Es decir, el decreto 721 le devolvía a los militares el control sobre