l 272 Uruguay y las reformas en el sector defensa. Avances y estancamiento que atañe a civiles y militares. Hoy se destaca y define a la Política de defensa, basada en la cuestión militar y específicamente enfocada en las tareas subsi­diarias de las Fuerzas Armadas, con énfasis en el retorno de la participación de los militares en el ámbito de la seguridad pública. Hace pocos meses se aprobó una ley de urgente consideración, en la que se extiende el porte de armas a los policías y militares retirados sin la obli­gatoriedad de realizar los test psicológicos, entre otros controles. Además, se les autoriza a intervenir si observan, a su criterio, que se está cometiendo un delito. Esta ley establece asimismo la presunción de la legítima defensa para quienes ejercen el uso de la fuerza, es decir policías y militares. Todo esto es, sin duda, una combinación peligrosa y que lesiona la libertad. E l cambio de clima interno En septiembre de 2016, en un acto de cierre del V encuentro de retirados mi­litares realizado en el departamento de Florida, en el interior del país, el co­ronel en situación de retiro Ruben Hartmann hizo uso de la palabra, cerrando así la actividad. En un discurso provocador y enardecido, en el que defendió a los militares procesados por crímenes de lesa humanidad ocurridos en el periodo dictatorial comprendido entre 1973 y 1985, cerró su alocución con la frase casi amenazante“por ahora empezamos a volver”. A los seis meses de haber asumido Jorge Menéndez como ministro de De­fensa Nacional en enero de 2017, fue amenazado de muerte por el autodeno­minado Comando Barneix, siendo víctimas de esa amenaza también el Fiscal Jorge Díaz, la exfiscal Mirtha Guianze, el Activista brasilero Jair Krischke, el doctor Óscar López Goldaracena, entre otros. La amenaza estuvo relaciona­da con el suicidio del general Pedro Barneix, quien fuera procesado por el homicidio de Aldo Perrini, crimen cometido en 1974 en la pasada dictadura cívico-militar. Sin duda, esta amenaza encendió las alertas: se buscaba ame­drentar el continuar con las investigaciones del pasado reciente y, a su vez, detener los tan necesarios como postergados cambios en la gobernanza civil de las Fuerzas Armadas.