l Rut Diamint 349 por el elevado número de casos de coronavirus del país vecino. Paraguay es el país con menor número de contagios y muertes del continente. La utilización de las Fuerzas Armadas para tareas de salud o policiales im­plica una alteración del rol profesional militar y un desperdicio de recursos. Los militares, que ya están desconcertados acerca de cuáles son las misiones que deben asumir a corto y mediano plazo, pierden eficiencia profesional al acomodarse a estas tareas. Es entendible que se sientan orgullosos de servir a su comunidad, verse útiles y aclamados. Pero, ¿hay una relación lógica entre lo que cuesta formar un soldado y este uso social? Su papel en la asistencia social genera una inquietud respecto a que los militares, luego de su interven­ción para proveer salud, se reposicionen nuevamente en la política, esta vez con un amplio apoyo de una ciudadanía amedrentada por la pandemia. Tal como apunta Isacson(2020):“Cuando termine la pandemia, los líderes civiles no solo tendrán que lidiar con las secuelas de las bajas masivas y las econo­mías en desintegración, sino también con el envío de un Ejército empoderado de regreso al cuartel”. I nstitucionalidad y defensa Una expectativa compartida por toda América Latina en los años postransi­ciones fue establecer un control civil democrático de las Fuerzas Armadas. En ese sentido, una herramienta central en la construcción de esa supremacía civil era profesionalizar y fortalecer a los ministerios de Defensa. El recorrido de los países de la región muestra un visible déficit en las potestades de los ministerios de Defensa y en contar con una burocracia especializada. La defensa no es una política pública. La rutinización de la conducción netamente civil de los componentes del sistema comienza con la subordina­ción de los militares a las autoridades legítimas, pero no se agota allí. Tiene que habituarse a la creación de una inercia que reafirme cotidianamente la conducción de las autoridades civiles, y que ese proceso se internalice entre la oficialidad. Es un ejercicio permanente, verificable y transparente de eli­minación de las prerrogativas militares, orientado por un plan legitimado por la comunidad. Institucionalizar los procedimientos comporta la producción