ANÁLISIS 6/2020 Secuencia e hitos de la polémica ley de las TIC en Colombia Débora Margarita Pérez Serna/ Diana Lombana La ley TIC (tecnologías de la información y las comunicaciones) 1978, aprobada en julio de 2019 por el Congreso de la República de Colombia, es fruto de numerosas polémicas que desencadenaron movilizaciones, debates ciudadanos y cuestiona­mientos públicos. ¿Cuáles fueron sus ejes de discusión? A continuación presenta­mos un relato con los principales acontecimientos. El elemento sorpresa: la primera movilización El debate público en torno a la ley de las TIC se activó visiblemente en mayo de 2018 a raíz de una petición de Change.org que dice en su encabezado: Nuestra tv pública es un bien apreciado por los colombianos. Allí tenemos televi­sión de calidad(acabamos de ser nominados a los Emmy), los ciudadanos encon­tramos educación, cultura y entretenimiento libre de intereses comerciales. Todos aquellos que nos dedicamos a la producción independiente, al cine, a los nuevos medios estamos interesados en proteger la creación audiovisual colombiana y ve­mos con preocupación el proyecto de ley No. 174 de 2017 que acaba de presen­tarse a primer debate ante Cámara y Senado. Esta ley, que no se consultó con el sector, nos afecta porque básicamente ¡deja en un limbo la financiación de contenidos, tanto de los operadores públicos, como de los productores independientes! Una petición con 39.164 firmas acompañadas por la etiqueta#LaTvPúblicaSeDe­fiende, dejó en evidencia un proyecto elaborado sin participación y que se presen­tó al Congreso un mes antes de terminar el segundo mandato del presidente Juan Manuel Santos(2010-2014, 2014-2018). El proyecto proponía crear un regulador convergente, liquidar la Autoridad Nacional de Televisión( ANTV ) y distribuir las funciones de esta en varias entidades, con el fin de cumplir algunos requisitos recomendados por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (Ocde) para que Colombia hiciera parte de ese organismo. La Ocde mencionaba específicamente la creación de un regulador convergente del sector de teleco­municaciones y tecnologías de la información y la comunicación, con base en