PERÚ ANÁLISIS SET-2018 Estudio de Caso “Inversión extranjera directa y solución de controversias” Germán Alarco/ César Castillo Setiembre 2018 La acumulación de acuerdos internacionales de inversión(AII) va de la mano al crecimiento de los flujos de Inversión Extranjera Directa(IED), pero sus factores explicativos en las economías receptoras son muy diversos: tamaño de los mercados internos, nivel de ingresos, facilidades de infraestructura y de servicios, nivel y abundancia de capital humano, proximidades, disponibilidad de materias primas e insumos, entre otros factores. El Perú no ha realizado esfuerzo alguno por modificar el contenido de sus Tratados Bilaterales de Inversión(TBI) de acuerdo a las directivas establecidas por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo(UNCTAD). Estas comprenden fijar salvaguardas en pro del interés público, no restringir la formulación de políticas públicas, incorporar criterios de responsabilidad social empresarial, privilegiar la problemática de los Derechos Humanos, crear instancias mediadoras previas al arbitraje, entre otros elementos. Los TBI firmados por el Perú en el siglo XXI tienen pocas mejoras respecto de los signados en la década de los noventa. Los Acuerdos de Cooperación y facilitación de la Inversiones(ACFI) del Brasil serían una excelente opción para el Perú. Hasta el momento, la resolución de conflictos en el marco del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones(CIADI) ha significado compensaciones a cargo del Estado peruano a los demandantes por US$ 43,7 millones, mientras que las partes demandantes han desembolsado US$ 109 millones a favor del Perú; pero el costo administrativo de esos procesos concluidos ha sido de US$ 46 millones, generando que el Estado peruano tenga un saldo neto de sólo US$ 19,4 millones. La resolución de conflictos mediante el(CIADI) reduce la soberanía del país en cuestión. También hay problemas de índole legal y operativa en esta instancia. Es imprescindible que se priorice la defensa de los Derechos Humanos por encima de los tratados de comercio e inversión. No sólo están sobre la mesa las iniciativas de la UNCTAD y del Brasil en concreto; sino que el país(Estado y ONGs) deben ser un actor importante en ayudar a concretar la iniciativa del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para la elaboración de un instrumento vinculante que obligue a las empresas transnacionales.