En los últimos años, miles de familias empobrecidas en República Dominicana han sido desalojadas de manera forzosa, sin notificación previa ni alternativas habitacionales, intensificando el déficit habitacional y agravando su vulnerabilidad. Estos desalojos reflejan el predominio de una lógica neoliberal que convierte la vivienda en un producto de mercado para especuladores, mientras el Estado dominicano incumple su obligación de garantizar el derecho a una vivienda digna. Este artículo expone casos específicos de desalojos forzosos desde 2018, analiza la insuficiencia de las soluciones ofrecidas por el gobierno y destaca propuestas impulsadas por la sociedad civil para proteger los derechos fundamentales de las familias afectadas.