En República Dominicana, la defensa de derechos humanos se ha convertido en una labor de alto riesgo. Grupos ultraderechistas como la Antigua Orden Dominicana hostigan, difaman y violentan a activistas, mientras el Estado mira con indiferencia. El discurso "nacionalista" radical criminaliza a quienes alzan la voz por personas migrantes, afrodescendientes, mujeres y personas LGBTIQ+, acusándoles como "traidores a la patria" y justificando la violencia. Hecho que debilita la participación democrática. Defensoras y defensores viven con miedo, desgaste emocional y precariedad. La persecución incluso impulsa su salida del país, empobreciendo el tejido social y dejando sin protección las luchas colectivas por una sociedad más justa.