La Ley Orgánica de Inteligencia, aprobada el 10 de junio de 2025, debe ser analizada en el contexto de las múltiples leyes que ha presentado el Ejecutivo desde mayo de este año. Estas leyes, de carácter (supuestamente) económico y urgente ocasionaron despidos en el sector público, favorecieron las funciones de control del Estado e instauraron un estado de excepción permanente. Este paquete de dictámenes legislativos responde a la actual política gubernamental que, en obediencia del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, busca reducir el gasto fiscal achicando la función social del Estado. Con el justificativo de la álgida crisis de seguridad que atraviesa el país, la Ley Orgánica de Inteligencia caracteriza a la sociedad civil organizada ("redes, grupos, organizaciones o personas") como potenciales riesgos y amenazas para la seguridad del Estado, que estarían sujetos a posibles investigaciones, vigilancia e infiltraciones. La Ley conforma un gran Sistema Nacional de Inteligencia (del que forman parte subsistemas de inteligencia militares, policiales, financieros y económicos) cuya capacidad de investigación y vigilancia tiene cuasi nulos mecanismos de control. No solo se excluye la participación y el control ciudadano expresado en veedurías, sino que las competencias de organismos estatales de control como Contraloría o el Poder Ejecutivo se ven considerablemente reducidas. La Ley concede excepcionalidades legales y constitucionales al Sistema Nacional de Inteligencia y su máximo ente rector. Su implementación, sin mecanismos de control autónomos y con un robustecimiento de las competencias de la figura presidencial, configura un escenario de vulneración de derechos y libertades políticas, asociativas y de protección de datos. Esto resulta particularmente preocupante para líderes sociales y sindicales que pueden restringir su actividad por temor a ser intimidados, perseguidos o judicializados arbitrariamente.