Las políticas prohibicionistas han sido ineficaces para reducir los riesgos de consumir sustancias psicoactivas, y además han agravado los problemas sanitarios y sociales asociados a ese consumo.

Aunque la mayoría de los usuarios de marihuana en Uruguay no tienen mayores problemas de salud física, se exponen a riesgos psicológicos, sociales y legales puesto que deben acceder ilegalmente a esta droga. Por eso el gobierno de Uruguay ha decidido implementar una política para separar el mercado de la marihuana del de las otras drogas y así reducir el riesgo de contacto con el mercado de drogas más riesgosas, como la cocaína; y para evitar que los usuarios de marihuana sean estigmatizados o tratados penalmente y trabajar con programas educativos que les permitan tomar decisiones informadas y responsables.