Desde hace años en Uruguay existe un fuerte debate público sobre la finalidad, los usos y los eventuales abusos respecto a la distribución y la asignación de la publicidad oficial. Se trata de un recurso legítimo que, mal utilizado por el Estado puede afectar la libertad de expresión y distorsionar el sistema de medios. Este trabajo analiza algunos modelos y estándares para resolver las tensiones que provoca este conflicto en un sistema democrático, pero también pretende presentar una actualización de la situación de la asignación de publicidad oficial por parte del Estado uruguayo. ¿Qué criterios se utilizan actualmente para la distribución de la publicidad oficial? ¿De qué montos estamos hablando y qué importancia tienen para los ingresos de los medios? ¿La asignación de publicidad oficial es actualmente más eficiente y justa? En el presente trabajo se presentan los estándares regionales que vinculan las buenas prácticas en materia de asignación de publicidad oficial con las garantías para el ejercicio de la libertad de expresión.