Desde el año 2010, el Estado de Honduras impulsó un modelo económico de enclave extractivista, representado en su forma máxima con las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), que han sido calificadas como “imagen análoga” de un “Estado dentro de otro Estado” por su inaudita pretensión cimentada en una inconstitucional ley orgánica e ilegales reformas constitucionales del Congreso Nacional suscitadas por los gobiernos (enero 2010 a enero 2022), impulsadas desde el Poder Ejecutivo con el contubernio de la Corte Suprema de Justicia.

La Ley Orgánica de las ZEDE fue aprobada el 12 de junio de 2013 por el Congreso Nacional, violando los artículos de la Constitución que tratan sobre la Forma de Gobierno (republicano, democrático y representativo) y el Territorio y, por lo tanto, considerados irreformables, inderogables e intangibles; dada esa condición, son catalogados como pétreos. Es por tanto que, la Sala Constitucional, que fue destituida arbitraria e ilegalmente el 12 de diciembre de 2012 por oponerse a tal proyecto de ley de creación de las ZEDE, en aquel entonces bautizada como Regiones Especiales de Desarrollo (RED).

Este documento –además de evidenciar la citada ilegalidad respecto al derecho interno- pone al descubierto, el riesgo de incumplimiento –real y potencial- a los pactos, declaraciones, tratados y convenios internacionales sobre derechos humanos, suscritos y ratificados por Honduras, entre ellos, los relativos a los pueblos tribales, originarios y afrodescendientes.