Esta publicación recupera puntos de debate y acuerdos logrados a partir de un diálogo entre el movimiento sindical y otras representaciones en torno a la agenda de la energía, el ambiente y el trabajo. Afirmar la energía como bien común es cuestionar su privatización, para revertir su mercantilización y reconocerla como derecho. Se trata de reposicionar mecanismos democráticos, reivindicando el rol del Estado en la propiedad, control y reorientación de la generación y uso de energías. Las rentas extraordinarias que el sector genera, deben tener una aplicación definida socialmente que dé garantía a los derechos de la clase trabajadora.