El Tribunal Constitucional de la República Dominicana ha declarado inconstitucional el Acuerdo de Escazú, muy a pesar de los acuerdos internacionales suscritos en el pasado por el país con respecto al acceso a la información ambiental y sobre cambio climático, la participación pública en los proyectos con impacto ambiental y la justicia ambiental, y en franca contravención del criterio sostenido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos con base en la Convención Americana de Derechos Humanos, de la cual el Estado es signatario. La argumentación empleada en la sentencia reproduce algunas de las objeciones planteadas por las voces más críticas del Acuerdo, en particular aquellas que ven en el texto de Escazú una supuesta amenaza a la soberanía nacional, a la seguridad jurídica y a las potestades públicas de regulación que corresponden a los Estados en materia de acceso a la información.