Ante la imperante necesidad de aumentar los recursos disponibles del Estado para hacer frente a las consecuencias económicas y sociales de la crisis desatada por el covid-19, sumada al rezago histórico del Estado mexicano en términos recaudatorios, es fundamental generar análisis y discusiones profundas sobre las alternativas disponibles para aumentar la recaudación de manera justa y progresiva. El sistema fiscal mexicano, tanto por su estructura como por el tamaño de sus ingresos, no ha podido cumplir con un papel redistributivo significativo para corregir los profundos niveles de desigualdad. El ISR a las personas físicas es por lo general el elemento central de la progresividad de los sistemas tributarios, lo que constituye una característica universalmente reconocida como deseable y justa, pues supone que las personas deben contribuir a los gastos colectivos de manera proporcionalmente mayor conforme disponen de ingresos superiores a los de los demás integrantes de la sociedad. Esta es una característica que no presentan la mayor parte de los impuestos al consumo. Desde el punto de vista de la equidad, entonces, el ISR debe ser visto como una de las piezas centrales de una reforma fiscal relevante.