El Estado de Guatemala cuenta con un marco legal nacional y ha suscrito convenios internacionales que amparan el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres; sin embargo, el derecho a decidir se encuentra restringido. Durante los últimos años, las posturas en contra de estos compromisos se han incrementado por parte de algunos actores, quienes desde perspectivas conservadoras han impulsado propuestas anti derechos de las mujeres.

Desde el movimiento de mujeres y feminista se ha impulsado la formulación de políticas públicas y acciones de incidencia a favor de los derechos humanos de las mujeres, con el objetivo de garantizar el derecho a decidir sobre el propio cuerpo y la propia vida, el acceso a educación sexual y a servicios de salud sexual y reproductiva tanto a mujeres como a adolescentes y niñas