Enfrentar adecuadamente las problemáticas de inseguridad, violencia y convivencia que se presentan en los territorios y garantizar la paz, protección y bienestar de la ciudadanía, requiere que las administraciones locales actúen de manera coordinada con las agencias de seguridad y justicia presentes en su jurisdicción. Es necesario elaborar un plan de convivencia y seguridad ciudadana, que vaya de lo preventivo a lo coercitivo, dando de esta forma un tratamiento integral a los problemas de violencia y delincuencia, devolviéndole al Estado el papel de garante de los derechos y deberes colectivos y restableciendo de esta forma el balance entre las actuaciones de la autoridad y el comportamiento de la ciudadanía.