El escenario actual nos ubica en un contexto de profundización de un modelo político y económico de reprimarización que deja secuelas de dependencia, desigualdades y alta conflictividad socioambiental. En 2020, en medio de la pandemia, la inversión extranjera directa en el sector de explotación de minas y canteras aumentó en un 40%. Mientras tanto, la pobreza y pobreza extrema, a junio de 2021, afecta al 32.2% y el 14.7% de la población a nivel nacional, respectivamente. A pesar de esto, el gobierno busca acelerar la explotación petrolera y minera. Sin embargo, la minería metálica ha encontrado un gran obstáculo: la clara posición política de las comunidades, pueblos y nacionalidades para activar procesos de resistencia en defensa de sus territorios y medios de vida.