Ecuador es un país altamente expuesto y vulnerable frente a múltiples amenazas y riesgos de desastres. En las últimas décadas, ha sido devastado por desastres

asociados a amenazas de origen natural, socionaturales o antrópicas que han ocasionado cuantiosas pérdidas de vidas humanas, sociales y económicas. Pese

a la inminencia de los riesgos y a que la Constitución así lo dispone, todavía carece de un marco jurídico que regule la organización y el funcionamiento integral

del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR). Así, los efectos e impactos devastadores de la pandemia COVID-19 demostraron lo nefasta que puede resultar la carencia de dicho marco normativo; la gestión de la emergencia se exhibió descoordinada e insu?ciente para enfrentar un desastre de tal magnitud.