El fuerte crecimiento del teletrabajo durante la pandemia puso en evidencia la necesidad de contar con regulaciones que protejan a las personas que trabajan en sus domicilios, de manera de reconocer los mismos derechos que en la presencialidad y abordar los emergentes propios de esta modalidad (derecho a la desconexión, compatibilidad con las tareas de cuidado en el hogar, protección de datos y derecho a la intimidad, etc.). La ley 27.555 de agosto de 2020 fue un primer paso para lograr esas regulaciones, pero dejó blancos a ser llenados en los convenios colectivos de trabajo. En tal sentido, el desafío para los sindicatos es poder avanzar con pautas concretas que aseguren los derechos de las personas que elijan o necesiten trabajar desde sus casas.