El fuerte crecimiento del
teletrabajo durante la pandemia
puso en evidencia la necesidad de
contar con regulaciones que
protejan a las personas que
trabajan en sus domicilios, de
manera de reconocer los mismos
derechos que en la presencialidad
y abordar los emergentes propios
de esta modalidad (derecho a la
desconexión, compatibilidad con
las tareas de cuidado en el hogar,
protección de datos y derecho a
la intimidad, etc.).
La ley 27.555 de agosto de 2020
fue un primer paso para lograr
esas regulaciones, pero dejó
blancos a ser llenados en los
convenios colectivos de trabajo.
En tal sentido, el desafío para los
sindicatos es poder avanzar con
pautas concretas que aseguren
los derechos de las personas
que elijan o necesiten trabajar
desde sus casas.