Los procesos violentos del sistema capitalista, que han perpetuado el despojo y la sumisión de las mujeres desde la época de la cacería de brujas, continúan plenamente vigentes. A las

mujeres ya no se nos envía a la hoguera, pero seguimos sometidas a múltiples violencias, entre ellas, la penalización de nuestros derechos y decisiones reproductivas; son las inaceptables

consecuencias de un sistema que pone las ganancias sobre la vida y que se estructura en la sumisión, la expropiación y el despojo. Las que son criminalizadas por aborto y complicaciones

obstétricas son, además, sujetas de estigmas y estereotipos durante los procesamientos judiciales que se transforman en procesos de moralización. Dentro de estos imaginarios se usan torturas, tratos crueles, degradantes e inhumanos o pruebas ilegales con el objetivo de mantener el poder social sobre la mujer y la idealización de la maternidad como destino. El Proyecto de ley de aborto por violación -a discutirse próximamente en la Asamblea Nacional ecuatoriana- debe poner fin a estas injusticias estructurales, al menos para las mujeres víctimas y sobrevivientes de violencia sexual. En ese sentido, debe ser un proyecto reparador, que ponga en el centro a las mujeres, niñas, adolescentes y personas con posibilidad de gestar; se requiere un proyecto que repare y que no reproduzca estructuras de privilegio y exclusión.